Una de las unidades mexicanas de Odebrecht, la empresa brasileña que protagonizó el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica, busca impugnar el veto que le impuso el gobierno mexicano, el cual prohibe a las compañías públicas y privadas negociar con la constructora.
Odebrecht México señaló en un comunicado que buscará por todos los medios echar para atrás la prohibición del gobierno para celebrar contratos con la constructora, pues no considera que exista sustento para dicha acción.
“Impugnará mediante todos los recursos legales el contenido, alcance y efecto de dichas sanciones, confiando que las autoridades judiciales competentes realizarán un revisión objetiva e imparcial de las mismas, pues la empresa desconoce los hechos materia de tales injustas y desproporcionadas sanciones”, señaló la empresa.
El martes pasado, el gobierno de México prohibió a las dependencias y entidades de la administración pública celebrar contratos con dos unidades de Odebrecht, a las que inhabilitó temporalmente y multó por más de mil millones de pesos.
“CIRCULAR por la que se comunica a la PGR, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las Empresas Productivas del Estado y sus Empresas Productivas Subsidiarias; así como a las entidades federativas, el impedimento para participar en contrataciones públicas de carácter federal y celebrar contrato alguno con la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V.”, indicó el gobierno.
Estas medidas están relacionadas con indagatorias de supuestas corrupción que involucran operaciones de Odebrecht con Pemex, indicaron algunos funcionarios, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.
Odebrecht intenta salir a flote, luego de admitir haber sobornado a políticos de alto nivel, en distintos puntos de América Latina, para obtener contratos preferenciales. Los ejecutivos de la constructora brasileña han admitido haber aplicado el mismo mecanismo en México.
En el comunicado de este lunes, Odebrecht aseguró que ha tratado de colaborar con las autoridades, pero que la Secretaría de la Función Pública rechazó su solicitud de cooperación por considerar que no existían elementos.