Gustavo, gatillero por autoprotección

Fueron dos camionetas llenas de muertos las que le desprendieron un pedazo de alma a Gustavo. Venían una detrás de otra. Los hilillos de sangre escurrida por las esquinas de las bateas formaban una delgada línea sobre el camino que conducía a una de las brechas que suben a la sierra de Tumbiscatío, en la comunidad de Las Cruces, Michoacán.

Parados encima del montón de cadáveres, los cuatro sicarios de los Caballeros Templarios con rifles AK-47 terciados a la espalda, sin inmutarse pisaban cabezas, manos, brazos y torsos.

A principios de 2012, Gustavo, un campesino michoacano beneficiario del Programa Joven Emprendedor Rural, de la hoy extinta Secretaría de la Reforma Agraria, se dedicaba a la producción de lácteos artesanales junto con otros 15 jóvenes. Todos quedaron petrificados ante el paso de las camionetas con el montón de personas muertas rumbo a la sierra, allá donde el crimen organizado desaparece todo rastro de existencia con impunidad salvaje.

“Así fue el dominio que tuvo la maña aquí”, cuenta Gustavo en su testimonio a CAPITALMEDIA, “es el terror, el someterte física y psicológicamente; extorsionarte, violarte, secuestrarte. Es la frustración de saber que la corrupción ha hecho que quedemos indefensos. A mí me mataron ya a dos familiares y por eso combatimos.

“La gente ya no se va a dejar de la maña. Por eso nos han criminalizado y el gobierno agarra parejo. No ven las situaciones de abandono que han empujado a varios a unirse a los grupos armados. Por eso a mí me interesa la propuesta de Obrador sobre la amnistía y meter la paz, porque nos hace mucha falta”, asegura el joven michoacano.

Gustavo afirma que actualmente la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de Tierra Caliente significa el riesgo de volver a las épocas más atroces de los Templarios, y de perpetuar las continuas violaciones a los derechos humanos en rancherías como Las Cruces, donde sus mil 298 habitantes han vivido el infierno de la impunidad en su forma más despiadada.

Muchos de ellos, como Gustavo, se han visto forzados a entrar a los grupos armados de la delincuencia organizada local como una forma de resistir el embate del grupo criminal dominante.

No es sólo un tema jurídico

Para la doctora Elena Azaola, catedrática e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), especialista en violencia juvenil y delincuencia, la posibilidad de una Ley de Amnistía que abordara casos como el de Gustavo, apunta a una dirección correcta.

“Apunta a entender que inclusive algunos de esos jóvenes que se unieron al crimen organizado, se unieron precisamente por haber sido también ellos víctimas. En algunos casos les habían matado a su padre, a su madre o a un hermano y no recibieron ninguna respuesta del Estado, que investigara esas muertes, que hiciera justicia”.

Según Azaola, tanto la Ley de Amnistía como el proceso de pacificación, tienen que obedecer a un diagnóstico preciso en cada región: “No es sólamente un tema jurídico, por supuesto. No es solamente un tema de abogados que sepan qué son las experiencias de comisiones de la verdad, de justicia transicional.

No. Esto requiere de psicólogos, sociólogos… es multidisciplinario y debería obedecer a las características y a la problemática regional y de grupos específicos”.

Valorar revictimización

Los cambios de estrategia son urgentes y la problemática de violencia en el país necesita una valoración precisa de las personas que han sido revictimizadas, incluso por el mismo Estado. Según el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, con la próxima administración lopezobradorista se va a iniciar un proceso de justicia transicional.

“Habrá un cambio en la política del Estado y hay un camino hacia la pacificación. Eso, sin duda que en este proceso va implicar un mayor reconocimiento de la situación de las víctimas de este país, un abordaje diferente”.

Sin embargo, ante la poca claridad sobre el tema , el investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo, asegura que a un año de trabajo y planeación del proyecto de pacificación y amnistía empiezan a salir ideas claras.

“Sabemos que se van a organizar comisiones de la verdad lo cual me parece positivo; complejo, lento, difícil, pero positivo” y consideró que el grado de violencia que ejercen los grupos armados, como los michoacanos, representan un reto en el proceso de pacificación del país.