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Viernes 22 de Noviembre 2024
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Todos hablan de él. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se ha convertido en uno de los temas más comentados de los últimos días. La antesala de la contienda electoral lo ha puesto al centro del debate por los escenarios que tiene de frente: mantenerse de pie o someterse a una exhaustiva revisión que pone en riesgo su continuidad.
“El NAICM en un capricho político tanto para aquellos que lo apoyan como para los que quieren acabar con él”, dice Javier Buenrostro, politólogo.
A pesar de que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) estima que al cierre de este año el desarrollo alcanzará los 190 mil millones de pesos (mdp) en inversiones y dará empleo a 70 mil personas, la realidad es que el Nuevo Aeropuerto se enfrenta a un complejo panorama.
Son, en especial, tres temas espinosos que hanconvertido a la obra insignia del Plan Nacional de Infraestructura de esta administración en la manzana de la discordia.
El gobierno mexicano y el GACM han defendido a capa y espada el nuevo proyecto al argumentar que el actual Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) opera en su máxima capacidad y la demanda de transporte aéreo proyectado para las próximas décadas alcanzará los 3 mil millones de pasajeros.
No obstante, hay opiniones que cuestionan su funcionamiento y operación por la opacidad y corrupción con las que ha cimentado sus bases.
En caso de que las obras sobrevivan al calor electoral, una vez concluido, el NAICM será el tercero más grande del mundo por número de pasajeros, ya que transportará a 120 millones de personas y dos millones de toneladas de carga al año, según estimaciones del Ejecutivo Federal.
Para los inversionistas, el Nuevo Aeropuerto es la puerta de entrada a un México moderno. Sin embargo, su posible cancelación tendría un costo millonario de 120 mil millones de pesos, de acuerdo con Federico Patiño, director del GACM.
“La cancelación significaría la mitad del valor total del Nuevo Aeropuerto. Esa inversión no se podrá recuperar”, dijo en conferencia de prensa. Asimismo, Patiño comentó que esta decisión dejaría cientos de demandas por daños y perjuicios, además de la liquidación del personal que se ha contratado para su construcción hasta ahora.
El GACM obtuvo 30 mil millones de pesos para financiar la obra mediante la Fibra E, colocada en la BMV
Por su parte, Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la República, advirtió sobre el golpe que esto traería a la credibilidad de México frente al mundo.
“La cancelación también dejaría una enorme pérdida desde el punto de vista social y de reputación ante todos los inversionistas extranjeros que apostaron por esta obra”, manifestó Sánchez.
A la fecha, la inversión asciende a 140 mil millones de pesos y se tienen comprometidos 321 contratos. Se prevé que genere alrededor de 450 mil fuentes de trabajo cuando el proyecto esté al 100 por ciento de su capacidad.
Uno de los principales argumentos para frenar su avance son las irregularidades y gastos que no han podido aclarar los desarrolladores de la obra.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió inconsistencias por más de mil millones de pesos en pagos a contratistas y servicios que no se lograron comprobar con documentos.
Y no sólo eso, en la auditoría 354-DE se revisa un convenio de colaboración entre el Grupo Aeroportuario y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción del proyecto integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso se observa que la empresa constructora no comprueba las aportaciones entregadas a la dependencia en ninguna de las etapas.
La tarde del lunes, el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza publicó en su cuenta personal de Twitter que las licitaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “están blindadas contra la corrupción” y agregó que el proyecto se “realiza en estricto apego a la legalidad”, es “transparente” y “abierto a la información pública”.
Marco Medina, analista de Infraestructura del Grupo Financiero Ve por Más, coincide en que la construcción del NAICM se ha dado en uno de los procesos de mayor transparencia.
“Se le ha cuestionado en muchas cosas, pero, el proyecto es transparente y toda su información es pública”, comenta.
Especialistas advierten que el proyecto dejará al menos tres daños inmediatos para el medio ambiente:
Las obras hidráulicas para evitar las inundaciones del NAICM ascenderán a los 800 millones de dólares, en tanto que las del Túnel Emisor Oriente que se encargará de desaguar la zona ha tenido un costo, hasta el momento, de 2 mil millones de dólares.
La obra también contempla la construcción de parques empresariales y desarrollos comerciales en 375 hectáreas, en las que se utilizarán 23 millones de metros cúbicos de agua al año. Ante la escasez del líquido vital, los más afectados serán los habitantes de las colonias populares que vivirán en la zona aledaña al proyecto.
Un informe elaborado por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) revela que la infraestructura del nuevo proyecto ocasionará un daño al lago Nabor Carrillo, hogar de 120 mil aves migratorias.
“Los elementos técnicos para evaluar el impacto que sufrirán las aves son completamente deficientes, omiten información deliberadamente, no cuenta con un programa adecuado para el manejo de la ornitofauna, minimizan el riesgo por colisión entre las aves y los aviones, y propone acciones incorrectas y no justificadas”, detalla el informe de la UCCS.
Frente a estos cuestionamientos, Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la República, afirmó el lunes que la selección del lugar fue la adecuada.
“El lugar donde hoy se construye el Nuevo Aeropuerto fue producto de muchos años de análisis practicados por los expertos más reconocidos a nivel mundial. Es la mejor opción posible y está en el mejor lugar posible.”
La posible cancelación del proyecto ha hecho que los empresarios reafirmen su respaldo a las obras. Además, se sumaron al llamado para que los partidos políticos brinden certidumbre jurídica a las inversiones y los candidatos a cargos de elección popular respeten los compromisos contraídos en el marco de la ley.
“Los compromisos contraídos conforme a derecho no pueden ponerse en riesgo; ya que la certeza es indispensable para la inversión y el desarrollo”, manifestó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un documento respaldado por los principales organismos del sector privado.
