VÍCTOR MAYÉN
La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Gobernación entregue a esta soberanía un informe sobre el diagnóstico, registro y acciones de atención al desplazamiento interno de poblaciones, particularmente, por la violencia que provoca el crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico.
Los senadores y diputados, expusieron que el problema de los desplazados se registra en 11 estados. Sin embargo, su atención no está incluida dentro del presupuesto anual de la Federación.
Señalaron que Chiapas es un ejemplo claro de este fenómeno, pues según estudios del Consejo Noruego para Refugiados de 25 mil desplazados que había se pasó a un millón de personas.
Los legisladores reconocieron que los desplazados se mantuvieron invisibles en el panorama nacional en los últimos seis años.
Indicaron que el fenómeno sólo se registraba en Chiapas, debido a la intolerancia religiosa, problemas agrarios e incluso, a causa de grandes proyectos de desarrollo.
Apuntaron que el desplazamiento de personas representa ya un “foco rojo” en el país y recordaron que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló en su momento que este problema se debe atender desde el ámbito legislativo.
Los legisladores urgieron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), realizar un diagnóstico sobre la situación de los desplazados.
También, comentaron que se deben emprender reformas a la Ley de Población, para que se reconozca a los desplazados como un sector de gran vulnerabilidad ante el crimen organizado.
Destacaron que según el informe “Derechos Humanos de los Migrantes y otras Personas en el Contexto de Movilidad Humana en México”, de agosto de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resalta que la principal causa del desplazamiento forzado interno en México es la situación de violencia.
Hicieron referencia también al Primer Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que “la mayoría de las víctimas de esta problemática, son personas que huyen de la presencia criminal en sus lugares de residencia, de extorsiones, conflictos internos permanentes, operaciones militares y proyectos de infraestructura en desarrollo”.
GG/OPB