VÍCTOR MAYÉN
Las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Estudios Legislativos Segunda y Justicia del Senado, aprobaron por mayoría de votos, en lo general, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que incluye la iniciativa ciudadana “Ley 3de3”.
Con las reformas a esta ley, se obliga a los funcionarios a presentar declaración patrimonial, de impuestos y conflicto de interés. Define las faltas administrativas y las faltas administrativas graves y determina las sanciones, que van desde amonestación, multas e inhabilitación.
Las bancadas del PRI y Partido Verde presentaron un adendum, en el que proponen una nueva redacción para el artículo que obliga a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimonial y de intereses.
Aclara que serán públicas “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
Según el adendum, se eliminan todas las características que previamente se habían incluido para que aparecieran en los formatos de declaraciones públicas como son el listado de cuentas bancarias, de créditos, vehículos, bienes inmuebles, ingresos, etcétera.
Se elimina el contenido que contemplaba la posibilidad de incluir la información de cónyuges y dependientes económicos directos, si así lo autorizaban de manera expresa.
El nuevo texto aclara que todos los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las secretarias u órgano interno de control. Además, se amplía el capítulo de reducción de sanciones por actos de corrupción.
Las bancadas del PAN y del PRD anunciaron su voto en contra del adendum.
Marcela Torres Peimbert, senadora de Acción Nacional y secretaria de la Comisión Anticorrupción, explicó por qué su bancada no respaldará este adendum.
“El voto en el tema específicamente de la publicidad de la declaración patrimonial, de intereses y fiscal, será en contra del adendum presentado y a favor de la Ley 3de3 en sus términos”.
El perredista Zoé Robledo Aburto, criticó que el dictamen presenta una serie de deficiencias, entre ellas, la omisión de castigar los “moches” y desviar el espíritu de la Ley 3de3.
“El dictamen no dice nada sobre cómo corregir este esquema de moches, tan nocivo y que tanto daño le ha hecho al Poder Legislativo. (…) Creemos nosotros que de quedar así nuestro dictamen, puede afectar a la ley en su conjunto. (…) La omisión política que ha llevado a este dictamen y que contenga desviaciones de la iniciativa ciudadana Ley 3de3, son suficientes para decir que el espíritu de la misma ha sido transformado, que se trata de otra ley y que nos motiva para votarla en contra”.
Los integrantes de estas comisiones acordaron que las reservas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán discutidas en el pleno.
FF/OPB