Un tribunal civil absolvió y ordenó la liberación de los últimos tres militares acusados de la muerte de una veintena de presuntos delincuentes en 2014, en el más reciente revés en un caso que para diversas organizaciones de derechos humanos fue una muestra de los abusos que cometen algunos miembros de las fuerzas armadas de México.
La Procuraduría General de la República informó en un comunicado que un tribunal le notificó de la absolución de tres soldados de los delitos de homicidio, encubrimiento y alteración de evidencias, por considerar que no presentó las pruebas suficientes en su contra.
El abogado Juan Velázquez, quien participó como asesor de la defensa de los militares, dijo el sábado a The Associated Press que otros cuatro soldados ya habían sido liberados tras ser absueltos por otro juez, por lo cual con esta última resolución no habrá ningún otro elemento castrense en prisión por el caso.
El 30 de junio de 2014, el ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, municipio del Estado de México. Sólo un soldado resultó herido y tres mujeres sobrevivieron.
A raíz de una investigación de The Associated Press comenzaron a surgir contradicciones sobre esa versión y, tanto el organismo nacional de derechos humanos, como la Procuraduría, anunciaron que investigaban el caso.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en un reporte que al menos 12, y hasta 15, de los 22 presuntos delincuentes habrían sido ejecutados extrajudicialmente.
Dos de las tres sobrevivientes contaron a la AP meses después, y en distintas ocasiones, que varios de los sospechosos fueron asesinados después de que se rindieron.
Hasta ahora el organismo de derechos humanos no se había pronunciado sobre el fallo del tribunal y no había sido posible contactar a ninguna de las víctimas.
Inicialmente ocho soldados fueron detenidos, aunque uno fue liberado prácticamente de inmediato por considerar que no había pruebas en su contra. A los siete restantes les iniciaron procesos en el fuero militar y civil, aunque sólo tres fueron acusados de homicidio.
En octubre, un juez desestimó los cargos contra cuatro y la Procuraduría dijo que apelaría el caso, aunque Velázquez aseguró que esos cuatro ya quedaron en libertad.
El penalista siempre ha sostenido que los militares no participaron en ninguna ejecución y todo fue parte de una campaña de desprestigio al ejército.
“Toda esa historia de la ejecución de Tlatlaya fue un invento”, afirmó.
La Procuraduría aseguró que ofreció “los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares”, aunque el tribunal consideró lo contrario y ordenó su liberación.
En marzo, un grupo de derechos humanos que acompaña a una de las víctimas informó que un tribunal militar había absuelto a seis de los siete soldados de cargos contra la disciplina en la justicia castrense. Uno más había sido condenado a un año de prisión, tiempo que ya cumplió.
Periodistas de AP visitaron la escena del crimen varios días después y en lugar de encontrar evidencias de un enfrentamiento, vieron una serie de impactos de bala y manchas de sangre a la altura del pecho de una persona en una pared de una bodega, una prueba de que al menos algunos de los muertos habrían recibido disparos a corta distancia.
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