Zetas tenían un búnker dentro de la prisión

La cárcel de Piedras Negras era un cuartel clave en el esquema de negocios y terror de Los Zetas, uno de los cinco o seis lugares habilitados para las ejecuciones y la desaparición de cuerpos. Un lugar con autogobierno que era la base de sus operaciones en la región.

“Otros centros de exterminio eran un terreno baldío cercano a la zona llamada Laguito Mexicano y, cerca del penal, un basurero municipal y un campo de futbol. Una posible explicación a la práctica tan generalizada de incinerar cuerpos sería el escándalo mundial generado por el hallazgo de 72 migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010”, establece el informe El Yugo Zeta, elaborado por El Colegio de México.

La investigación a cargo de los académicos Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, señala que hubo serias omisiones de los gobiernos locales y federal en las llamadas de auxilio durante las semanas posteriores a la detención de diversos líderes de Los Zetas, pues las masacres fueron una venganza por la delación de las operaciones al interior del penal.

Entre el 18 y el 22 de marzo de 2011, Los Zetas desencadenaron una venganza en toda la región que afectó a Allende y Piedras Negras, y entre más avanzan las pesquisas se ha logrado establecer que tal vez su población haya sido la más castigada, pero por la complejidad e importancia del territorio no se quiere reconocer oficialmente.

Las autoridades estatales reconocen 28 víctimas asesinadas en esos cuatro días de terror en la región; sin embargo, investigaciones académicas detallan 42 ejecuciones y reportes estadounidenses retomados por la prensa de aquel país establecen 60 muertos, aunque organizaciones civiles tienen reportes de 300 pobladores de la zona desaparecidos en esas fechas, narró Dayán.

Las masacres de Allende y Piedras Negras tienen estrecha relación con la situación en el penal de esta localidad, pues al ser denunciados los negocios desde el reclusorio por un agente encubierto de la DEA se desató la venganza de Los Zetas contra la población donde habitaba la familia de Poncho Cuéllar, quien presuntamente se escapó con 10 millones de dólares producto de los negocios dentro de la cárcel.

Explicó que los gobiernos estatal y federal subsidiaron el centro penitenciario, pues en 2011, después de que se dieron a conocer los actos de corrupción, todavía entregaron presupuesto gubernamental dedicado a las cárceles de Coahuila por 135 millones de pesos.