El Congreso del Estado demandó a la Fiscalía General investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias, todas y cada una de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior contra cinco ex alcaldes y sus ex tesoreros por el presunto delito de peculado.
Aunque el mismo exhorto lo llevaron a tribuna las diferentes fracciones parlamentarias, por unanimidad, el Partido Acción Nacional, Unidad Demócratica de Coahuila, el PRD y Morena, apoyaron la propuesta del PRI sobre la urgente necesidad de ahondar en la investigación, sin que se involucren acciones partidistas.
“Consideramos que es un reclamo social que requiere un puntual seguimiento a las normales legales para combatir actos de corrupción donde se vean involucrados funcionarios públicos”, dijo la diputada Josefina Garza Barrera.
Sobre el tema, el presidente de la Junta de Gobierno, Samuel Rodríguez Martínez, informó que solicitarán la comparecencia del Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara para que informe sobre los hechos.
Dijo que la legislatura necesita conocer cuántas denuncias más hay contra ex presidentes municipales, ex tesoreros o cualquier otra dependencia que esté señalada por actos de corrupción que dañen al erario.
“No es un tema que tenga preferencias por algún partido o cuestión discrecional; nosotros solo pedimos que se aceleren las investigaciones y se llegue a fondo para que se tomen las medidas correspondientes”, expresó.
Rodríguez Martínez sostuvo que un acto de corrupción no conlleva solamente implicaciones éticas, sino que produce daños a veces irreversibles para las finanzas públicas.
Dijo que la sociedad debe acostumbrarse a que el Poder Legislativo esté atento a que se hagan las investigaciones y privilegiar la presunción de inocencia, pero con indagatorias de por medio.
Los legisladores pidieron además que la Auditoría Superior del Estado informe sobre las denuncias presentadas contra ex servidores públicos por irregularidades financieras.
La Fiscalía General del Estado investiga cinco casos de ex alcaldes y ex tesoreros que supuestamente cometieron delito de peculado por pago de productos y servicios no justificados en 2014 y 2015.