En sesión ordinaria llevada a cabo este fin de semana el Tribunal Electoral de Coahuila sancionó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a Miguel Ángel Riquelme Solís con una multa de 129 mil 542 pesos por los monederos que entregaron en campaña, los cuales, de acuerdo a los magistrados, presionaron y coaccionaron el voto, además de poner en riesgo la continuidad de los programas sociales.
Este monto será enviado como fondo al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt) y que sumara a los más de 15 millones recaudados en este 2017 por concepto de multas a partidos políticos.
De esta cantidad, corresponderá pagar al PRI la mitad y el otros 50 por ciento a Riquelme Solís, por lo que tocará a cada uno cubrir 64 mil 771 pesos.
El fallo de esta resolución fue aprobado por unanimidad por los magistrados Valeriano Valdés, Elena Treviño y Ramón Guridi, en una sesión pública de este pasado sábado.
Resolvieron que al resto de los partidos que estaban en la coalición Por un Coahuila Seguro no se les castigó porque el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) interpusieron esta denuncia, solamente contra el PRI y su candidato.
De acuerdo con los magistrados, los sancionados ofrecieron durante su campaña 200 mil Monederos Rosa para las mujeres en situación vulnerable, 200 mil de Mi Monedero para la gente en extrema pobreza, y 200 mil de Mi Inscripción; un total del 600 mil entre los tres.
Destacaron que el partido tricolor y su candidato ofrecieron estas tarjetas prometiendo un beneficio a futuro; además, mediante un empadronamiento con los nombres y direcciones de los posibles beneficiarios, lo que podría interpretarse como una presión a los posibles electores.
Precisaron que esto pudo afectar la emisión del voto, de acuerdo con la impugnación presentada por Morena y el PAN. El Instituto Nacional Electoral (INE) remitió un expediente de más de 700 hojas al Tribunal Electoral de Coahuila para que resolviera, toda vez que el PRI reconoció la distribución de las 600 mil tarjetas.
El padrón se levantó durante la campaña y significó un condicionamiento que llevaría a la coacción del voto, lo que pudo desnaturalizar la libre emisión del sufragio, por el temor a perder futuros beneficios.