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Jueves 26 de Diciembre 2024
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Por la inmediatez de los mensajes que se emiten en la red y, en algunas ocasiones, el anonimato de quienes lo realizan, las autoridades se enfrentan a dificultades para sancionar a quienes podrían estar cometiendo un delito virtual, debido a que las leyes en México siguen siendo obsoletas para combatir todo lo que ocurre en el ciberespacio
JESSICA ROSALES
Ante el alto impacto de las plataformas digitales en el mundo, hoy en día las redes sociales y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han convertido en estrados judiciales para debatir toda serie de situaciones. Lo anterior, sin medir las consecuencias del daño a la honorabilidad y vida privada que pudieran tener aquellas personas que son exhibidas públicamente en temas que, en su mayoría, corresponden sólo al ámbito familiar o podrían ser parte de un proceso legal.
Debido a la inmediatez de los mensajes y, en algunas ocasiones, del anonimato de quienes los emiten, muchas veces cobijados en una mal aplicada libertad de expresión, las autoridades enfrentan dificultades para sancionar los hechos y encuadrarlos en leyes vigentes que, pese a los avances en la materia, siguen resultando obsoletas en el país.
Víctor Emmanuel Ortiz Lucio, coordinador General de Análisis de Información, de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General de Coahuila, señala que en la entidad se investigan en promedio 40 denuncias al mes por presuntos delitos cometidos en la red, y el más frecuente es el robo de identidad para cometer fraude.
“Debido a que la persona no tiene una configuración en su cuenta, llega un tercero que lo quiere agredir, se roba todas las fotografías de la red, crea un perfil igual y agrega a los mismos amigos, porque se pueden ver sus contactos, se hace pasar por esa persona, contacta a familiares inventando un problema, y solicita cantidades de 500 a mil pesos, por lo que llegan a robar hasta 5 mil pesos por familia”, señala.
El segundo delito más denunciado es la difamación que, aunque en Coahuila fue derogado en 2008 y a nivel federal en 2007, actualmente son hechos que pueden combatirse por la vía civil como daño moral.
Y es que para lograr dar con la identidad de una persona en redes sociales es necesario contactar a Facebook, empresa que exige una orden judicial para entregar la información y, a su vez, el juez de control señala que para otorgarla es necesario que la vida de la presunta víctima se encuentre en peligro.
“Son cuestiones en las que tenemos que interactuar con el jurídico de Facebook que controla también a WhatsApp y Twitter, en YouTube se contacta al corporativo, pero encontramos una serie de peticiones legales que nos rigen ellos, quienes nos requieren la orden de un juez para entregar los datos, ya que se maneja como una intervención de comunicaciones, entonces hay muchas limitantes”, señaló Ortiz Lucio.
No obstante, en aquellos casos donde la víctima reconoce directamente a su agresor, la Fiscalía busca la mediación para resolver la problemática, ya que se trata principalmente de situaciones de parejas en proceso de divorcio o separación que recurren a las redes para atacarse, exhibiéndose entre sí con situaciones personales y privadas.
“Hay que usar la plataforma digital con madurez, leer a detalle las políticas de privacidad para saber a lo que nos exponemos, tener en cuenta las políticas de configuración y privacidad. No crea todo lo que lee por internet”.
Víctor Emmanuel Ortiz Lucio
Coordinador General de Análisis de Información, de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General de Coahuila
Anonimato, aliado de la impunidad en el ciberespacio
En la actualidad es común ver cómo hordas digitales desaforadas emiten sentencias y realizan juicios de valor sobre situaciones que son del estricto manejo de la justicia o del interés de la vida privada de las personas.
“Algo que nos dan las redes sociales es el anonimato y contra eso no podemos pelear, puedo crear un perfil falso, ponerme Juanito Pérez y comenzar a difamar contra alguien. Incluso, en la difusión de un material, aunque la cuenta se dé de baja no sabemos si se hizo un respaldo electrónico, y pueden hacer perfiles nuevos para volver a difundir, por eso alertamos del riesgo y los peligros de subir material personal en redes sociales sin los cuidados pertinentes”, explica Ortiz Lucio.
Es así que acusaciones, señalamientos y ataques, cada día se vuelven más frecuentes a través de las redes sociales, bien sea por personajes que se ocultan tras perfiles falsos, o por profesionales de la información que usan medios digitales o cuentas de redes sociales, para señalar y hacer un manejo irresponsable hacia la opinión pública sobre una persona o tema en particular.
¿Son las redes sociales tierra de nadie? En el mundo virtual, sin ser expertos en un tema y siquiera conocer a detalle el caso, los usuarios se convierten en jueces y fiscales, por el solo hecho de portar un celular o una computadora, amparados erróneamente en la libertad de expresión que, aunque no se reconozca, tiene limitaciones cuando se afecta a un tercero mediante ciertas manifestaciones. De ahí la importancia de cuidar el uso de información personal en internet.
“Ley Olimpia”, avance contra la violencia digital
Aunque en 1999, Coahuila ya contaba con un tipo penal que refería a la violación de la intimidad, ante la incidencia de la violencia contra la mujer y la llegada de herramientas digitales se vio la necesidad de modificar la ley con perspectiva de género, por lo que surgieron diversos movimientos a nivel nacional para implementar la Ley Olimpia que sanciona con seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Fue en 2019 que en la entidad se modificó la Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para contemplar la violencia digital como una más que padece este género, y se modificó el Código Penal para tipificar la violación a la intimidad sexual, conocido como “packs”, uno de los principales avances para combatir directamente los delitos en la red, en este caso, la violación a la intimidad.
La diputada local, Luz Elena Morales Núñez, coordinadora de la Comisión de Igualdad y no Discriminación de la LXII Legislatura de Coahuila, señala que la ley ya existe pero es importante orientar en el cómo las víctimas de la divulgación de las imágenes sin su consentimiento, pueden acceder a la justicia.
“Hay colectivos que han trabajado el tema, instancias que orientan con el tema de las denuncias, mediante las cuales las autoridades puedan contactar a Facebook para bajar contenidos. Hay un gran reto de cómo hacer accesible la ley para que se sancione a los responsables”, expresó.
El ‘sexting’ consiste en una práctica de enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido personal erótico y sexual a través del móvil mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, correos electrónicos u otro tipo de herramienta de comunicación, y aunque muchos no lo saben que es un derecho, pero cuando se comparte a una tercera persona sin la autorización de las partes se convierte en delito.
Tras conocer las dificultades con la que se enfrenta la autoridad, Morales Núñez dijo que hará una revisión exhaustiva de lo que está en la competencia estatal y cómo impulsar mediante el apoyo de legisladores federales aquellas que corresponden a otro orden para que se encuadren bien los delitos y las leyes apliquen también en el ámbito digital, eliminando las lagunas que puedan existir para quienes imparten la justicia.
“Es importante saber que se corren riesgos al realizar ciertas prácticas como el ‘sexting’ y estamos expuestos a ser víctimas de delito. Verifique la información por varias fuentes”.
Luz Elena Morales Núñez
Diputada local
En 2016, Fiscalía ‘revienta’ red de pornografía infantil
La vulnerabilidad de los niños ante el internet y la facilidad para comunicarse con personas desconocidas abre la puerta a diversos delitos, algunos que por sus características sí logran sancionarse y son ejemplo de los grandes riesgos que se corre en internet. En Coahuila, la Fiscalía General del Estado ‘reventó’ una red de pornografía infantil en 2016 en la que resultaron afectados 110 menores.
Fue llamado el caso de Sofía Limón, pues la persona que se identificaba con ese nombre contactaba a los niños entre 10 y 12 años, les enviaba solicitud de amistad, platicaban con ellos y al paso de una semana, lo que llaman las autoridades ingeniería social, les mandaban una “nude”, foto de un desnudo pidiendo lo mismo a la víctima.
El menor se enganchaba y cuando exponía su material íntimo, el extorsionador les exigía dinero amenazándolos con decirle a sus padres.
Fue hasta que se presentó una denuncia de un joven al que le pedían un iPhone, cuando se inició la investigación, pues el menor desesperado ya había robado botellas de vino, aretes y relojes a sus padres para poder pagar.
Al presuntamente entregar el pago, la Fiscalía montó un operativo en un deportivo donde se citó a la víctima y un hombre que trabajaba en el lugar fue detenido como el responsable. Al decomisar dispositivos electrónicos se encontraron fotografías de más de 100 niños, descubriendo la red de pornografía.
Roban cuentas de WhatsApp a 7 funcionarios de Coahuila
Otro de los fenómenos que se ha presentado recientemente es el robo de cuentas de WhatsApp que en los últimos 15 días, afectó a siete funcionarios de primer nivel en el estado con fines de fraude.
“Ya pudimos hacer la recuperación de las cuentas, pero lo podemos solucionar con una forma muy sencilla, que es proteger nuestra cuenta con la seguridad o validación de dos pasos”, reveló Víctor Emmanuel Ortiz Lucio, coordinador General de Análisis de Información, de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado.
Agregó que tras el robo de identidad, los estafadores contactan a familiares y les comentan que están en un problema para pedirles grandes cantidades de dinero, situación que también se presenta en las cuentas de Facebook.
De acuerdo a los expertos hay tres formas principales de que roben la cuenta de WhatsApp. La primera es que alguien introduzca el número en otro móvil y el propietario cometa el error de darle el código de verificación de seis dígitos que recibe por SMS.
La segunda, es por el robo del móvil, en cuyo caso, si no tiene un bloqueo de pantalla, sus conversaciones y contactos estarán al alcance. La tercera, es que alguna persona inicie sesión en WhatsApp Web/Escritorio usando su móvil sin su conocimiento y tenga pleno acceso a tus chats.
De acuerdo a las autoridades, lo ideal para proteger la cuenta es hacer la verificación de dos pasos, en la que tendrá que introducir un código de seis dígitos adicional que solo el propietario conoce.
Prioritaria la educación y responsabilidad en el uso de la red
El periodista Rodolfo Pámanes, además de la regulación de contenidos en la red, considera necesario la educación como sociedad en el uso responsable de las redes sociales, pues señala que es imposible que las autoridades de cualquier orden de gobierno tengan la capacidad de vigilar todo lo que ocurre en el ciberespacio.
Manifestó que los medios de comunicación establecidos cuentan con muchas restricciones en la difusión de información, pero no ocurre lo mismo con portales o cuentas personales en redes sociales, a veces amparadas en perfiles falsos que en muchos de los casos se dedican a desinformar.
“La ley nos impide publicar el rostro de un niño sin el consentimiento de sus padres, no podemos manejar nombres de personas, revictimizar y muchas otras cosas, pero las redes sociales se convierten en una tierra sin ley, en un lugar donde cada quien hace lo que quiere, amparados en esa libertad de expresión que creemos que no tiene limitantes”, señaló.
Pámanes destacó que mientras los reporteros tienen parámetros como el uso de ciertas fotografías que ya no pueden ser publicadas en lo impreso, el internet no cuenta con estas restricciones de contenido violento que atenta contra el propio dolor de familias y deudos.
“No hay respeto en una cultura que inició a la brava, las redes sociales nacieron al ahí se va, nos fuimos adecuando a ellas, las más viejas generaciones son analfabetas digitales, entonces es un problema que se endereza a partir de ahorita a lo que viene”, destacó.
Rodolfo Pámanes considera que se trata de una responsabilidad compartida no solo de los medios de comunicación formales y tradicionales, para filtrar lo que se va a publicar de información, sino de autoridades, empresas proveedoras de información en las redes sociales y de la propia sociedad.
Recordó el caso Mabe, en donde una mujer que era víctima de violencia de género, externó la situación en redes sociales, pero no presentó la denuncia ante la autoridad y murió a manos de su agresor.
“Faltan campañas fuertes de prevención en el país que oriente a las masas y que permita contener estos delitos, porque se piensa que por denunciarlo en internet, automáticamente investigarán las autoridades”, señala.
“Todos estos temas son conductas delictivas que comenzamos a normalizar y si no les enseñamos a las nuevas generaciones y a las masas el uso responsable, serán víctimas de los delincuentes que tienen como herramientas las plataformas digitales”, destaca.
“Son incipientes los esfuerzos legislativos y judiciales, si no tenemos cuidado con nuestra información. Hay que pensar el impacto que puede tener lo que publica”.
Rodolfo Pámanes
Periodista
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