En rechazo al nombramiento de Rosa Zertuche Zedillo como nueva tesorera del ayuntamiento de Saltillo, la fracción edilicia del PRI abandonó ayer la sesión del cabildo presidida por el alcalde Isidro López, luego de votar contra de la imposición de la funcionaria sin antes de resolver las irregularidades en las arcas municipales.
Justo en la toma de protesta, la síndica de minoría, Bertha Castellanos Muñoz, y los regidores del tricolor liderados por Mayela Hernández, abadonaron la sesión y calificaron a la administración de López Villarreal como la más opaca en la historia reciente.
Mayela Hernández refirió que su fracción solicitó en la sesión de cabildo del 12 de mayo un informe pormenorizado del estado que guarda la hacienda pública municipal desde el inicio de la administración, pero la propuesta fue rechazada en el pleno.
“Ahora Adrián Ortiz nos gira un oficio sin número, fechado el 25 de mayo en el que solamente nos muestra un breve resumen de los estados de actividades de los años 2014, 2015 hasta el 30 de abril, sin desglose alguno”, refirió la edil.
La coordinadora de los regidores dijo que nunca hubo el compromiso de mostrar quiénes son los acreedores ni por qué concepto les debe el ayuntamiento.
Agregó que los pasivos que menciona no pueden cubrirse con el saldo que deja en bancos y no menciona otro plan de pago.
“Quedaron preguntas por responder de las hechas en sesión de cabildo y muchas de las que le fueron enviadas por escrito”, subrayó Hernández.
A la sesión en la que se dio posesión a Rosa Zertuche Zedillo no asistió para entregar oficialmente la tesorería el contador Adrián Ortiz Gámez.
“Que se queden con sus autoelogios para la nueva tesorera, nosotros seguimos en la misma postura: que expliquen qué ha pasado con todos los recursos que ejerce el ayuntamiento, porque no estamos de acuerdo en su manejo y sabemos que Adrián Ortiz deja muchas irregularidades en el camino”, concluyó Mayela Hernández.
Sostuvo que no hay confianza en la actual administración, que lejos de hacer su trabajo ha aprovechado la posición de poder para repartir recurso público en sueldos que los funcionarios no devengan.
DGM/OPB