Presentan iniciativas en materia anticorrupción, familia y víctimas en Coahuila

El Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez, a través de la consejería, presentó ante el Congreso del Estado un paquete de iniciativas en materia de anticorrupción, familia y víctimas.

Entre estas modificaciones incluye, en materia de familia, la posibilidad de realizar adopciones tramitadas por parientes consanguíneos de hasta el tercer grado; en el tema de anticorrupción que los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública tendrán la facultad de auditoría, además de la responsabilidad de presentar un plan de trabajo.

Mientras que en el área de víctimas propuso la instalación de relatorías especiales, a fin de atender a quienes requieran un enfoque diferencial y especializado.

En la propuesta anticorrupción, Rubén Moreira Valdez propuso las modificaciones para que el Estado se iguale con el recién creado Sistema Estatal Anticorrupción. La primera modificación es a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

En ella se incluye que los titulares de las dependencias puedan expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público; además la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas deberá, entre otras acciones, vigilar en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización.

Asimismo establece que los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública tendrán la facultad de auditoría y formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de evaluación; y en virtud de la creación de la Fiscalía General como organismo público autónomo, se suprimen las disposiciones relativas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, al titular de la misma y sus atribuciones.

La iniciativa modifica también la Ley de Extinción de Dominio del Estado, incluyendo en ella el delito de enriquecimiento ilícito, como un delito más por el que procederá la acción de extinción de dominio.

Entre otras propuestas, está la instalación de relatorías especiales, a fin de atender a las víctimas que requieran un enfoque diferencial y especializado. Además, establece dentro de las obligaciones del titular de la Defensoría Pública el auxiliar a la Comisión Ejecutiva para brindar el servicio de asesoría jurídica a las victimas cuyos casos no sean priorizados.