Preparan talleres para transparencia

Pese a que es su obligación, porque así lo determina la ley, los funcionarios de gobierno tardan en presentar su declaración patrimonial, lo que ha motivado al Instituto de Coahuilense de Acceso a la Información Pública (Icai) a firmar acuerdos de colaboración con el estado, para capacitar a más de tres mil 500 servidores públicos de primer nivel, que conforman la estructura burocrática del gobierno del estado.

José Luis González Briseño, consejero presidente del organismo, indicó que las “omisiones” son incluso por parte de quienes conocen la legislación.

“Hemos reportado que la mayoría de los sujetos obligados, incluidos gobierno del estado, sus dependencias y los municipios, no han cumplido con la información mínima requerida; en el mismo tema van los servidores públicos que deben conocer a que están sujetos y las sanciones que pueden presentarse si no cumplen”, mencionó.

El consejero presidente indicó que el Icai mantendrá como prioridad la capacitación para incidir en el cumplimiento de la ley y también en la actualización de las páginas de transparencia de los entes obligados.

“Nos damos cuenta que no cumplen; algunos por desconocimiento y otros simplemente porque se resisten; por eso es importante enfocarnos a la tarea de la formación”.

Capacitación

El consejero presidente el Icai, José Luis González Briseño, manifestó que la capacitación que darán a los empleados de gobierno tras la firma del acuerdo versará en los pasos a seguir para transparentar el uso de los recursos públicos, acción a la que el organismo ha denominado Programa Emergente de Capacitación.

“Les estamos explicando de qué manera se contesta una solicitud, que trámite darle a un recurso de inconformidad y lo que marca la ley respecto a la información que deben proporcionar”, refirió González Briseño.

El consejero presidente del Icai detalló que el instituto ejercerá un presupuesto de 45 millones de pesos durante durante este año, que será destinado básicamente para el tema de la capacitación de los gobiernos y organismos descentralizados, que son los sujetos obligados y, desde luego, su personal.