Por corrupción, denuncian a 100 jueces de Coahuila

Saltillo, Coahuila / 30 agosto 2018

Por: Martha Briones

El Consejo de la Judicatura en Coahuila mantiene abiertas 100 carpetas de investigación  en contra de jueces que son señalados por actos de corrupción, aunque en ningún caso se ha establecido alguna sanción, reconoció la presidenta del órgano responsable de la vigilancia y disciplina en el Poder Judicial, Miriam Cárdenas Cantú.

La también presidenta del Tribunal Superior de Justicia manifestó que en donde sí se han presentado sanciones es casos contra de 30 funcionarios por diversas irregularidades, pero no se trata de jueces.

Fiscalía Anticorrupción

Cuestionada sobre el tema y las denuncias por la mala actuación de los juzgadores, dijo que como presidenta del Tribunal siempre se ha mostrado respetuosa de la manifestación y la expresión de ideas de todos.

“Lo que me parece es que (quienes denuncian)  deben utilizar los canales institucionales porque el problema siempre es ‘litigar’ en los medios, pero no hay que perder de vista que el otro también tiene derecho de réplica, porque las dos partes ejercen sus acciones y alguien no tiene razón”, dijo la magistrada.

Expuso que los jueces  no están exentos de que haya un error judicial o mala práctica que deba ser señalada, pero insistió en que debe ser a través de esos canales judiciales, como la queja administrativa para sancionar las faltas y la impugnación para revirar la determinación de un juez.

Cárdenas Cantú informó que actualmente hay 100 procedimientos abiertos contra jueces, adicionales a los procesos administrativos que concluyeron en las sanciones a los funcionarios de éste órgano judicial.

Expresó que cualquiera que se sienta afectado por la dilación de la justicia -si es una circunstancia real- deben interponer una queja.

Cárdenas Cantú justificó la acción de los jueces al atribuir sus errores o malas prácticas debido a la saturación de expedientes que tienen que resolver.

“Por eso estamos impulsando la creación de un juzgado porque tenemos un promedio de 3 ó 4 mil expedientes en promedio, pero hay casos donde un solo juez tiene hasta siete mil o más carga, lo que hace que su trabajo se cuestione”, indicó.

Aseguró que para mediar esa situación, en los dos últimos años el Tribunal Superior de Justicia ha nombrado 10 jueces.

Denuncian a jueza por corrupción; la acusan de aplicar la justicia a modo

Por el posible delito de litigación prohibida y manipular al Ministerio Público para beneficiar casos en los que mantiene interés, la juez de primera instancia en materia penal, Carlota Yadhira Velázquez de Luna, fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción.

Fue la abogada Érika Gabriela Castillo Sifuentes, quien se presentó ante esa instancia, responsable de investigar delitos por hechos de corrupción, para que se abra una investigación en contra de la juez que, dijo, ha incurrido en irregularidades afectando el trabajo de los litigantes y por lo tanto el de algunas víctimas.

Castillo Sifuentes entregó a Nubia Robledo, Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción las pruebas donde se demuestra su dicho y en donde pide que las autoridades judiciales impongan una sanción.

Como parte de la denuncia la abogada litigante dio a conocer el  caso en el que Velázquez de Luna -de forma indebida- retiró los beneficios otorgados por otra juez a un imputado, lo cual, aseguró, es un acto que no le compete y que además hizo a través de un procedimiento irregular. 

Y es que se evidenció un video en redes sociales en donde la juez alecciona al Ministerio Público en un caso que representa la abogada en donde claramente les indica qué decir en la audiencia para fallar a su favor.

Sin conocer dicho video, Erika Castillo, y luego de recibir un fallo tras agotarse un procedimiento, es citada nuevamente a una audiencia que se ejecutó de forma irregular porque no se hizo a petición de partes en donde se encuentra con la sorpresa de que la contra parte, quien agotó previamente la instancia, apeló el fallo y éste se modificó por parte de la juez.

Posteriormente, se percata que lo dicho en la audiencia coincide con el video que fue difundido en redes sociales en donde esta funcionaria manipula y alecciona al Ministerio Público a quien le promete fallo a su favor.

Expuso que la juez en colusión con el Ministerio Público, Mauricio Fernández Hernández, y el representante legal de la Industria Penitenciaria, Roberto Siller –con quien mantiene una relación muy cercana-  monopolizan el manejo de la ejecución de beneficios a los imputados, bloqueando el trabajo de los abogados defensores para obtener dádivas personales a cambio de esos beneficios que la ley otorga, según el delito y la gravedad.

Dijo que ya existe una queja presentada ante la Judicatura, desde el pasado 19 de mayo a la que se le ha estado dando seguimiento, pero la juez de una u otra manera ha retrsado el procedimiento.

“Yo pretendo que se le otorgue la sanción que corresponde y que a mí me deje hacer mi trabajo”, expresó. 

Favorece a delincuentes: víctimas

Hace dos semanas, Carlota Yadhira Velázquez, fue señalada por Carlos Alberto Muñoz Valdéz, padre de un menor que hace 13 años fue asesinado por un sujeto acusado de secuestro y violación del infante, pues denunciaron que la juez pretendía dejar en libertad al presunto homicida al considerar que era apto para la reinserción social, pese a los dictamenes médicos presentados por sus abogados que demuestran todo lo contrario.

Ante la presión de la familia, la audiencia fue diferida para el 20 de septiembre próximo, pero el padre del menor teme que finalmente la juez lo beneficie, a pesar de una serie de irregularidades detectadas durante el proceso llevado por Velázquez de Luna.