Por: David González
La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Coahuila pidió ante el Pleno de la Cámara de Diputados una investigación profunda sobre el fraude financiero-electoral cometido por el PAN y el candidato a la gubernatura del estado Guillermo Anaya Llamas, en cuya operación se emplearon más de 70 millones de pesos con el fin de comprar votos para la elección del próximo 4 de junio.
El diputado federal Armando Luna Canales recordó que el PRI Coahuila reveló con pruebas do cumentales que el PAN opera en la entidad una estrategia de compra de votos con un costo superior a los 70 millones de pesos, para pagar a más de 6 mil activistas a los que semanalmente se les deposita dinero a través de tarjetas de nómina del banco Banorte.
“En Coahuila estamos ante el fraude financiero-electoral más grande en la historia de nuestra democracia. Más de 70 millones de pesos que aparecen de la nada y son depositados en cuentas de personas que no existen y utilizados para poner como gobernador del estado a un sujeto que ni hace seis años, que fue candidato, ni hoy ha presentado una declaración patrimonial que demuestre su riqueza”, señaló.
Luna Canales detalló que desde el inicio del año, en el estado, Gui-llermo Anaya y el PAN forman los
denominados “consejos ciudadanos”, que no son otra cosa que un ejército electoral de 6 mil activistas a sueldo y dedicados a comprar votos para ese partido.
Reiteró que ante estos hechos, la fracción del PRI Coahuila presentó un punto de acuerdo para que desde la Cámara baja se exhorte a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de Coahuila, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se investigue y castigue el posible fraude financiero-electoral.
“El perfil de Guillermo Anaya es impresentable. Con familiares directos involucrados con capos del narcotráfico, con su chofer en prisión por dirigir una célula de secuestradores y con una mansión de más de 20 millones de pesos que no podría pagar ni con el sueldo de todos sus cargos públicos juntos, pero que liquidó en tiempo record”, recordó.
El punto de acuerdo fue signado por los diputados federales Flor Estela Rentería, Jericó Abramo, Santos Garza, Armando Luna, Edna Dávalos y Jorge Dávila Flores.