La Diputación Permanente en el Congreso del estado presentó seis puntos de acuerdo para exigir a la Fepade, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) dar celeridad y deslindar responsabilidades en las denuncias que interpuso el PRI ante esas instancias contra el excandidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas, por la comisión de varios delitos.
La “intensidad” en las acusaciones que involucran al panista generó polémica en la sala de sesiones, luego de que el PRI desechó la propuesta de Acción Nacional de pedir al gobernador Rubén Moreira Valdez detener el proceso de entregarecepción de la actual administración e iniciar los trabajos necesarios a fin de realizar una consulta ciudadana para designar a un gobernador interino “en caso de ser necesario”.
Ambas propuestas fueron rechazadas por los legisladores que conforman la Diputación Permanente, lo que indignó a los albiazules al considerar que los diputados no están cumpliendo con su labor.
Las seis proposiciones con punto de acuerdo –todas aprobadas– fueron planteadas por el grupo parlamentario del PRI, en voz de los legisladores Verónica Martínez García, Luis Gurza Jaidar y Shamir Fernández Hernández.
La primera fue solicitar a la PGJE dar celeridad a las investigaciones para deslindar responsabilidades por el uso de recursos públicos de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para apoyar la campaña de Guillermo Anaya.
También solicitaron a la procuraduría de Sonora informar a la legislatura coahuilense el estado que guardan las indagatorias de la denuncia presentada en noviembre de 2016 contra el exgobernador Guillermo Padrés Elías, el senador Luis Fernando Salazar y Guillermo Anaya Llamas, por la comisión de tentativa de coalición, peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio abusivo de funciones.
En tanto, el diputado Antonio Nerio Maltos, del PRI, pidió a la Fepade y a la PGR conocer los avances en torno a las averiguaciones previas y carpetas de investigación instruidas contra el CEN del PAN y el Comité Directivo Estatal.