La comisión legislativa de Hidrocarburos y Minería del Congreso del estado anunció ayer que pedirá la comparecencia del delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Coahuila, Heriberto Fuentes Canales, quien habría incurrido en omisiones al no aplicar la ley a la mina La Encantada, donde el domingo murieron cuatro trabajadores tras una explosión en el centro de trabajo.
Su coordinador, el diputado Antonio Nerio Maltos, informó que aunque se conoce que sobre la empresa canadiense hubo apercibimientos para que corrigieran ciertas irregularidades, las autoridades han señalado que se debe esperar el peritaje final de la dependencia y las autoridades de Protección Civil.
“Sí hay antecedentes que dentro de las revisiones se había pedido corregir algunas situaciones relacionadas con la seguridad, pero la empresa tenía hasta el próximo 15 de octubre para cumplir con esas disposiciones”.
Durante la sesión, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, y su compañero de Unidad Democrática de Coahuila, Sergio Garza Castillo, presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría de Protección al Ambiente que resuelva la filtración de cianuro hacia los afluentes naturales provenientes de la minera First Majestic Silver Corp, que los propios ejidatarios de la zona habrían denunciado ante el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Agrario de Torreón.
“Consideramos que también falta actuación de la Secretaría del Trabajo porque no obligaron a los representantes legales de La Encantada, propiedad de la minera, para garantizar una indemnización adecuada a las familias de los deudos y también hacer cumplir las recomendaciones que hacen, tras una inspección en las minas”.
Rodríguez Mendoza aseguró que no hubo las medidas necesarias de seguridad e higiene, y nunca se clausuraron.
Castillo Garza indicó que, a pesar de que este tipo de accidentes son aislados, no es la primera vez que en Coahuila la actividad minera aporta una tragedia.
“La tragedia en la Mina 8 Pasta de Conchos, donde más de 60 mineros perdieron la vida, parece no haber sido suficiente para tomar conciencia ante la delicada regulación que debe haber en este tipo de actividad”.