PAN denuncia a Riquelme ante FEPADE; Gobierno desmiente acusaciones

Por: Redacción

Por el desvío de 600 millones de pesos en despensas que presuntamente son entregadas bajo la condición de votar por el PRI; diputados federales, candidatos a alcaldes y el equipo jurídico del PAN, acudieron ayer ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para solicitar una investigación; sin embargo, el Gobierno del Estado desmintió la versión y aseguró que los programas sociales cumplen con los términos legales.

Acompañado de la candidata a la alcaldía del municipio de Múzquiz, Tania Flores; la diputada Karla Osuna; el abogado Raymundo Bolaños y personal del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el diputado Jorge López Martín aseguró que “el operativo” de entrega de despensas, se está gestionando en los 38 municipios de Coahuila por las autoridades del gobierno estatal en conjunto con los dirigentes municipales del PRI.

En respuesta, Inocencio Aguirre Willars, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, negó que los programas que opera la dependencia a su cargo tengan fines político-electorales, incluso destacó que la administración estatal trabaja con padrones de beneficiarios previamente integrados y aseguró que éstos no son nuevos.

El pasado viernes 15 de junio las autoridades suspendieron la entrega de apoyos a través de programas sociales, en este sentido Aguirre Willars dijo que cuando estaban activos fueron los funcionarios de la dependencia quienes cumpliendo con los mecanismos de operación hicieron la entrega directa.

El diputado del PAN Jorge López explicó que se cuenta con testimonios documentados de personas que han sido obligadas y amenazadas a entregar su credencial de elector con la advertencia de que si no lo hacen las retirarán de los programas sociales, por lo que tienen que acreditar el primero de julio con una fotografía tomada desde su celular que votaron por el PRI, y ante esto anticipan consecuencias de tipo penal.

Respecto a los señalamientos, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social insistió en que los programas sociales son vigilados y supervisados en su función, desempeño y operación con acciones no solamente de blindaje interno, sino también a través de distintas instancias, entre ellas el Congreso local que integró una Comisión de Blindaje electoral, misma que trabaja activamente en la revisión y vigilancia.