Operador panista tiene antecedentes por droga

Elementos ministeriales llevaron a cabo un cateo en las oficinas del Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana, en la Ciudad de México, lo anterior, en seguimiento a una denuncia contra el Partido Acción Nacional (PAN) por los delitos de lavado de dinero y uso ilegal de más de 70 millones de pesos durante el pasado proceso electoral en Coahuila.

El saldo del operativo, ordenado por un juez, fue la detención de Eduardo Sierra González, trasladado a una prisión de alta seguridad y la requisa de documentos y equipos de sistemas que se encontraban en el interior de las oficinas de este sindicato, ubicadas en la calle Miguel de Laurent 160, Tlacoquemecatl del Valle, delegación Benito Juárez.

De acuerdo con la denuncia, el caso conocido como “tarjetas fachada” detalla cómo se utilizaron recursos de forma ilegal por más de 70 millones de pesos durante la pasada campaña electoral en Coahuila para beneficiar a diversos candidatos como Guillermo Anaya Llamas, Marcelo Torres Cofiño y Roberto de los Santos, entre otros.

Los recursos, depositados en efectivo a través de Banorte, eran retirados semanalmente por los integrantes de una estructura llamada Consejos Ciudadanos, formada por más de seis mil activistas en todo el estado que a cambio de estos pagos comprometieron su voto en favor de estos candidatos y además condicionaban el apoyo de sus vecinos y conocidos a cambio de mantenerlos dentro de programas de despensas y leche a bajo precio, financiados también con este dinero ilegal.

Los retiros eran hechos a través de los cajeros automáticos mediante tarjetas emitidas a nombre de supuestos miembros del Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana, que fue utilizado como fachada.

Se sabe que las autoridades que investigan el caso tienen en su poder copia de la nómina de quienes hacían estos cobros en Coahuila e incluso el detalle de cómo en Piedras Negras sólo tres personas “ordeñaban” los cajeros y luego pagaban en efectivo a los miembros de los Consejos Ciudadanos, además de muchas otras evidencias que incriminan a quienes formaron parte de este fraude financiero electoral.

El caso no sólo es investigado por autoridades federales; también le dan seguimiento la Fiscalía Electoral del Estado (PGJE) y recientemente un tribunal federal ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) abrir una investigación.

Aunque se desconoce el contenido de los documentos incautados y de los equipos que la autoridad recogió en el cateo, algnos testigos del operativo señalaron que hubo un gran despliegue policiaco que prolongó por varias horas, además de que fue notoria la presencia de elementos armados que resguardaban el área.

Sobre el detenido, Eduardo Sierra González, diversas publicaciones han señalado que en 2010 fue capturado en Canadá acusado de introducir narcóticos a aquel país. Igualmente, se ha destacado su cercanía con Rodolfo Dorador, delgado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Coahuila y a quien se ha involucrado públicamente con altos personajes del narcotráfico.

Las denuncias

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha interpuesto ante autoridades electorales varias denuncias contra el albiazul, en su mayoría por fraude, coacción del voto y desvío de recursos.

Las querellas siguen su curso en instancias como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el INE y la Procuraduría General de la República (PGR). El pasado 18 de abril, el presidente de la Fundación Colosio en Coahuila, David Aguilón Rosales, denunció el esquema mediante el cual PAN “bajaba” recursos de dudosa procedencia para la campaña del excandidato Anaya Llamas.

Aguillón Rosales presentó las pruebas del mecanismo con el que ese partido operó el “fraude electoral y financiero”, a través de un “sindicato fachada” que pagaba, vía tarjeta de nómina a más de seis mil personas que realizaron acciones para promover el voto a favor de Guillermo Anaya. Explicó que el fraude se orquestó desde el inicio de este año con la formación de consejos ciudadanos con activistas en el estado, a quienes PAN pagaron 70 millones de pesos.

“Este ejército de ciudadanos fue inscrito en el Sindicato de Empleados y Similares y Conexos de la República Mexicana, en el que se abrieron cuentas de nómina para acreditar a supuestos empleados a través del banco Banorte para depositarles montos semanales que van de 300 a 2 mil 500 pesos, dependiendo de la estructura del grupo”, dijo Aguilón al presentar las pruebas a la prensa.

El líder colosista acusó de estar involucrados en este hecho al senador, Luis Fernando Salazar, y al líder estatal del albiazul, Bernardo González Morales.

El PAN de cada voto

Aguillón Rosales mostró testimonios grabados de gestoras del PAN a los que les entregaron dinero, y mostró además las tarjetas de la institución bancaria en las que les hicieron los depósito con la advertencia de que sólo podían hacer retiros de dinero en cajeros y nunca en ventanilla, a fin de no tener que identificarse y revelar que las cuentas estaban a nombre de usuarios ficticios.

“Guillermo Anaya y el PAN incurren en delitos como lavado de dinero coacción del voto, financiamiento ilegal, financiamiento paralelo, uso de recursos ilícitos en campañas electorales, violación de topes de campaña y peculado, entre otros”, detalló el directivo priista.

El exlíder del PRI mostró un organigrama con los personajes detrás de la ilegal operación de la red, en cuya cabeza aparecía Anaya Llamas, y en el segundo nivel Luis Fernando Salazar.