Niegan regulación a vehículos “chocolate”

La Administración Fiscal estatal advirtió que mantendrá los operativos de decomiso en toda la entidad, no sólo para obligar a los contribuyentes omisos a que paguen sus derechos vehiculares, sino también para retirar los autos “chocolate”.

“Pese a las molestias de los ciudadanos, las acciones van a continuar, porque no podemos permitir que anden circulando sin cumplir con sus obligaciones. Yo quisiera preguntar entonces dónde dejamos a todos los que puntualmente acudieron a las oficinas de recaudación a pagar lo que les correspondía”, expresó el titular de la dependencia, Roberto Díaz.

El funcionario advirtió a quien conduce un vehículo de manera ilegal en Coahuila que no habrá regularización, pues el estado no tiene convenio con el Gobierno Federal, que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría que hacer el anuncio.

“Nosotros no tenemos ni la facultad ni tampoco beneficios de la regularización. No hay ningún convenio de por medio”.  Alertó que instituciones como la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) y la Unión Campesina Democrática (UCD) hacen negocio a costa del engaño a los ciudadanos, pues logran recaudar hasta 350 millones de pesos al año, a través del pago de cuotas por darles un documento que ante la autoridad estatal no sirve, porque de todos modos procede el embargo de la unidad.

Cuestionado sobre los motivos por los que el estado no castiga esta práctica ilegal, el administrador expresó que las organizaciones operan con oficinas en los principales municipios de la ciudad, pero no tienen sus domicilios fiscales en Coahuila, lo que los imposibilita a iniciar acciones en su contra.

“Nosotros tenemos en este momento los recintos fiscales llenos de vehículos extranjeros que pretendían ser regularizados y que simplemente no será posible aún y cuando las organizaciones que se dedican a este negocio estén convocando a marchas, a manifestaciones y a acudir a quejarse ante las autoridades estatales”, advirtió.

El funcionario refirió que la población debe estar consciente de que este proceso no está autorizado en la entidad y que si pagan a estas organizaciones para regularizar las unidades, el gobierno estatal no se hará responsable.