El ayuntamiento de Saltillo, a través de la Dirección Administrativa negó tener un adeudo de tres millones y medio de pesos con más de 30 policías que mantienen una demanda colectiva ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado hace cuatro meses y sostuvo que los elementos de la corporación no dependen directamente del municipio.
Antonio Mireles, titular de la dependencia, indicó que la Policía tiene un órgano de control administrativo del que dependen los trabajadores de la demarcación, por lo que cualquier información relacionada con la gente del Mayor Clemente Yáñez Carrillo tiene que tratarse directamente a través de esa oficina.
“Nosotros no tenemos por qué saber su condición, pues operativamente no dependen de aquí”.
Son juez y parte
Entrevistado sobre el tema, Abraham Tobías Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del cabildo dijo que los casos de despidos injustificados se dan por órdenes superiores, lo que deja a los policías en estado de indefensión y a libre voluntad de quien los corre”.
Recordó que para eso hay una comisión de honor y justicia “y no podemos hacerla a un lado porque es la instancia que decide a quien sanciona o despide de la policía.
Sin embargo precisó que quienes integran esta comisión, son los mismos que violentan los derechos de los elementos.
“Hablamos del presidente municipal, de la misma secretaria del ayuntamiento, el mayor Clemente Yáñez y dos regidores; pero en mi caso ni dicen nada, nadita”, dijo Abraham Tobías.
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