Saltillo, Coahuila / 4 Junio 2018
Durante 2017, la Comisión de Derechos Humanos recibió mil 613 quejas, un promedio de 134 por mes, mientras que en lo que va del 2018, los primeros cinco meses, el número se incrementó en 142, lo significa un ocho por ciento más que el mismo período que el año pasado, reveló el primer visitador del organismo, Javier Eduardo Roque Valdés.
El funcionario precisó que el año pasado, el ombudsman coahuilense envió 100 recomendaciones, la mayoría a la Fiscalía General del Estado, las que se aceptaron en su totalidad.
Sin embargo sostuvo que aunque ¨todos las aceptan. Es decir les dan entrada, de esa cantidad, cuando menos 60 no tienen ninguna respuesta; no pasa absolutamente nada, porque no toman acciones para resolverlas y reparar el daño”, explicó.
De Acuerdo al Diagnóstico que guarda la violación de los Derechos Humanos en el Estado de Coahuila, -que contempla las quejas admitidas, remisiones y carpetas concluidas y la expedición de recomendaciones en los últimos cinco años, incluido el 2018- prevalecen los abusos por parte de las corporaciones policiacas.
Quienes lideran son Fuerza Coahuila, la Policía Investigadora y las corporaciones municipales en la mayoría por ejercicio indebido de la Función Pública, por tortura, allanamiento de morada , lesiones, retención ilegal, dilación de la procuración de la justicia y también por privación ilegal de la libertad.
El visitador general indicó que el diagnóstico les sirve para evidenciar que en Coahuila, sigue la violación a los derechos humanos, a pesar de los esfuerzos que pudieran hacerse a fin de frenar los abusos y dar atención a los ciudadanos que se sienten vulnerados.
De los datos que incluye el documento, está a la cabeza la Fiscalía General del Estado y Policía Investigadora con 1,826, mientras que para la Comisión Estatal de Seguridad, superan las 1,438 y las Policías Municipales 1,316
Roque Valdés sostuvo que en términos generales las autoridades que aceptan las recomendaciones.
Sin embargo hay un porcentaje elevado de recomendaciones -aproximadamente del 60%- formuladas a las fuerzas de seguridad pública, donde no hay respuesta.
“Ese solo hecho debería de ser motivo de especial preocupación para los responsables de esa función, no solo porque suelen ser las violaciones más graves –incluidas tortura y desaparición forzada- sino también porque ese porcentaje ha sido perdurable”, indicó al hablar del diagnóstico.