Ley de Aguas Nacionales excluyó a sector rural: Beatriz Fraustro
Miguel Villarello
La diputada local Beatriz Fraustro expresó, ante el pleno del Congreso, una severa crítica al proceso legislativo mediante el cual se aprobó el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que se trató de un procedimiento acelerado que vulneró los principios democráticos de consulta, diálogo y participación ciudadana, especialmente con las comunidades rurales, ejidales y campesinas. Si bien reconoció que la iniciativa busca actualizar el marco normativo para garantizar el derecho humano al agua, recuperar la rectoría del Estado sobre el recurso hídrico y ordenar el régimen de concesiones, advirtió que la forma en que fue construida y aprobada ha generado más incertidumbre que soluciones, principalmente en el sector rural. Sostuvo que la falta de información y la aprobación acelerada de la reforma provocaron inquietud entre comunidades rurales y campesinas, derivando incluso en manifestaciones sociales que han llegado a bloquear caminos y carreteras federales. Subrayó que estas reacciones “no son casuales, sino consecuencia directa de la exclusión de los principales usuarios del agua en el campo” durante el proceso legislativo. Enumeró entre las principales preocupaciones del sector rural la inseguridad jurídica y patrimonial, los posibles impactos a la seguridad alimentaria, el aumento de cargas administrativas y técnicas, así como una marcada centralización que reduce la participación social. Todo ello —advirtió— podría traducirse en riesgos de desplazamiento y exclusión de productores agrícolas al momento de renovar o expedir concesiones de agua. Asimismo, señaló que las comunidades solicitaron de manera pacífica que se mantuviera la transmisión de concesiones entre particulares, que se garantizara la no retroactividad de la ley y que se establecieran reglas claras y plazos definidos para la renovación de concesiones, a fin de brindar certeza jurídica a los usuarios agrícolas del país. También demandaron apoyos técnicos y financieros para modernizar la infraestructura de riego y mecanismos reales de participación en la toma de decisiones. Recordó que diversas organizaciones sociales han denunciado que el proceso legislativo avanzó sin una consulta suficiente en territorio y sin considerar las diferencias regionales ni las necesidades específicas de las comunidades rurales y campesinas
