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Irresponsable, incluir figura de revocación de mandato

Especial

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29 de Junio 2017
La propuesta presentada por la oposición obstaculizaría la implementación de la ley, consideró el jurídico

Por: David González

 

“Sería irresponsable incorporar la figura de revocación de mandato porque se obstaculizaría y retrasaría la puesta en marcha de la implementación de la Ley Estatal Anticorrupción”, destacó el representante jurídico del Congreso local, Carlos Estrada Gaona.

Explicó que de aplicarse se caería en un acto de inconstitucionalidad que frenaría la operación de la Ley Anticorrupción toda vez que no está contemplada en la Constitución General de la Nación y por lo tanto no puede operar en los ámbitos locales.

“La revocación del mandato sería inconstitucional y, además, frenaría su operación”, señaló.

Recordó que la incorporación fue propuesta por la fracción panista, por lo que se tuvo que hacer un ejercicio de análisis entre la comisión especial anticorrupción y la alianza anticorrupción en lo que coincidieron en rechazar esta figura.

“Ante esto, la comisión especial anticorrupción se dio a la tarea de analizar todas las propuestas, particularmente a la revocación de mandato, y se hizo un ejercicio responsable por los abogados que formamos parte del Congreso”, señaló.

Subrayó que no es procedente incorporar esta figura en la Constitución local o de otras partes del país, puesto que en 2010 ya hubo un antecedente donde se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en el país, que falló como un acto de inconstitucional una acción de esta naturaleza.

“Sería irresponsable por parte de legisladores incorporar esta figura en la Constitución local, porque si se incorpora figuras como éstas que son inconstitucionales a la Constitución política local, se estarían obstaculizando y retrasando la puesta en marcha y la debida implementación del sistema estatal anticorrupción”, dijo Estrada Gaona.

Reiteró que de haberse aceptado, sería frenar la aplicación de este sistema y que esta desincorporación de las propuestas iniciales fueron avaladas por la Coparmex, IMCO, Transparencia Mexicana entre otros organismos observadores.

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