Irregularidades en pedreras ponen en riesgo empleos

Saltillo, Coahuila /22 junio 2018

Las irregularidades de las empresas que se dedican a extraer arena y piedra caliza ponen en riesgo el empleo de 600 coahuilenses, pues la Procuraduría del Medio Ambiente en Coahuila detectó la operación ilegal de cuando menos 13 de 47 pedreras que no cuentan con la licencia de funcionamiento, cuyos propietarios podrían ser acreedores al pago de millonarias multas para reparar el daño ecológico y posteriormente vendría la clausura definitiva.

Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, titular de la dependencia, informó que a los propietarios de estas extractoras fueron advertidos de las sanciones que se aplicarán si no actualizan sus documentos.

“Se han mostrado colaboradores, pero si no cumplen con los requisitos de ley procederemos a cerrarlas”, dijo al precisar que cada uno de estos negocios emplea a cuando menos 45 trabajadores que se verían afectados con la clausura.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, las empresas se ubican básicamente en la Región Sureste de Coahuila, pero también en Piedras Negras, Múzquiz, Sabinas y Monclova. “Hay en la Comarca Lagunera, en Torreón, pero de esa unidad todavía no tenemos los datos precisos de cuántas operan en esa Región”, dijo.

El funcionario estatal reveló que en el padrón aparecen operativas solo 14, mientras que otras 19 reportaron que cerraron la empresa y dejaron de extraer material, lo que apenas están corroborando las autoridades del medio ambiente respecto a si la información es la correcta.

“El problema es que en ocasiones se reportan cerradas, pero luego descubrimos que operan irregulares; como de las 13 que mencionamos y a las que ya se les hizo abrió un proceso administrativo para que comprueben que funcionan legalmente”.

Rodríguez Mendoza indicó que según el daño ecológico las empresas que operan de manera ilegal podrían ser sancionadas con multas que van desde los 160 mil pesos, hasta los cuatro millones.

Dijo que el reporte final se tendrá durante la última semana de este mes, cuando se espera que se concluya el plazo que dieron a las pedreras para demostrar que regularizaron su situación.

El procurador afirmó que también están buscando que estas empresas paguen un impuesto que se les cobra por el daño que generan al medio ambiente y el grado de contaminación que alcanzan, lo que sirve para  que la dependencia realice o lleve a cabo acciones de remediación en las zonas impactadas.

“Con eso estamos primero conociendo cuánto se extrae en material, las toneladas que producen y el daño que están causando, pero también damos la seguridad de que se está compensando con una acción monetaria”, pues según Rodríguez Mendoza esos ingresos son por más de cinco millones cada mes.