Invierte estado en fallido sistema anticorrupción

Pese a ser una de las entidades que lideró en la creación de su Sistema Estatal Anticorrupción y a los casi 300 millones de pesos que se destinaron para este año, Coahuila parece no avanzar en el tema. A seis meses de su implementación el progreso es nulo. No existe un programa de trabajo que permita asegurar que se tiene la intención de combatir a quienes cometen actos ligados a hechos donde el manejo del dinero público se mantiene en la opacidad.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental, que recaba información sobre experiencias y la percepción de la población en trámites de servicios que proporciona el gobierno, ubican a Coahuila en el lugar número seis en cuanto a percepción de corrupción se refiere.

Sin embargo eso parece no convencer a la sociedad civil, a organismos no gubernamentales, incluso a miembros de la Iniciativa Privada, respecto a lo que se está haciendo en el tema.

Y aunque, por ejemplo, la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga asegura que la actual administración se ha preocupado “desde el primer día”, en realizar prácticas de transparencia y rendición de cuentas, la Iniciativa Privada, a través del Consejo Cívico de las Instituciones, creó un Comité de Vigilancia del Sistema Estatal Anticorrupción porque no les tienen confianza.

“Nosotros tenemos la instrucción muy clara de cumplir con la transparencia; y en ese ejercicio promovemos precisamente esa cultura de rendición de cuentas. Sabemos que nos falta por avanzar, pero Coahuila ha logrado importantes avances en esta materia. Todo es un proceso que debemos seguir”, aseguró la funcionaria estatal.

Lo que piensa Guajardo Berlanga lo desmiente el Consejo Cívico de las Instituciones, que preside Alejandra Wade Villanueva.

En entrevista, Wade señaló que la corrupción e impunidad en Coahuila se encuentra en los índices históricos más altos, a pesar de la gravedad e importancia del tema.

“Ni el Gobernador, ni el Congreso del estado consideraron las propuestas ciudadanas para diseñar en conjunto un sistema local que buscará de manera eficaz prevenir y sancionar los actos de corrupción y que sirviera al interés público y a sociedad en su conjunto”, dijo.

Para la directora del CCI, el Sistema Estatal Anticorrupción no funciona, nació muerto y será difícil que dé resultados.

Por eso, agregó, la creación de una Comisión que permita vigilar a quien lo integra, servirá para dar seguimiento a las acciones que está obligado a implementar y dar resultados.

El 22 enero pasado, el Órgano de Gobierno del SEA aprobó el salario que recibirán sus integrantes. 90 mil pesos mensuales, para que puedan “desempeñar” su labor. A partir del 30 de enero les pagaron retroactivo al mes de octubre, cuando se creó. Por ejemplo, los consejeros ciudadanos recibieron 450 mil pesos por no hacer nada, lo que Wade considera una burla a la ciudadanía. No lo merecían, afirma.

La semana pasada, representantes de 20 Organismos No Gubernamentales, se manifestaron en Palacio de Gobierno pidiendo transparencia y rendición de cuentas así como para demandar una audiencia con el Gobernador. No hubo respuesta.

“Hace 75 días que Miguel Ángel Riquelme Solís asumió la gubernatura del estado y queremos entablar un diálogo con el mandatario para saber si cumplirá la palabra empeñada el pasado 20 de abril, de combatir la corrupción”, dijo el vocero de las organizaciones, José Luis García Valero.

Advirtió que la selección, primero y la designación, después, de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción fue “a modo”, para beneficiar al sistema.

“Hoy contamos con cinco Magistrados y un Fiscal Anticorrupción que no poseen verdadera independencia política, atributos indispensables para otorgar autonomía al Sistema Estatal Anticorrupción y por consecuencia para la procuración de justicia”, dijo García Valero.

Sostuvo que a la sociedad le preocupan los costos que implicará el mantener un Sistema con instituciones disfuncionales en materia de procuración e impartición de justicia, donde se advierte que la designación tiene como propósito la creación de un sistema de blindaje y no un sistema anticorrupción autónomo, profesional e independiente.

Según el informe del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), durante 2017 fueron los sindicatos y los partidos políticos quienes se mantienen como los entes más opacos entre los sujetos obligados en Coahuila.

Los porcentajes establecen que estos dos no sólo reprueban, sino que tienen niveles de incumplimiento cercanos al 40 por ciento, los sindicatos, y el 25 por ciento, los partidos políticos.

Luis González Briseño, consejero presidente del ICAI reconoció que existe una resistencia “natural” por parte de los partidos políticos en transparentar su información, a pesar de que tienen un acuerdo firmado donde se comprometieron a transparentar cómo se gastan las prerrogativas.

Tampoco cumplen los gobiernos
Durante los dos primeros meses del año, ni el gobierno de Coahuila, ni los 38 ayuntamientos han cumplido con la información mínima requerida por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

“La prioridad en este momento es el tema de la capacitación para incidir en la actualización de las páginas de los sujetos obligados. También está pendiente la del Poder Legislativo, donde hasta el momento no tenemos nada”, precisó González Briseño.

Sostuvo que aunque la información mínima requerida debe habilitarse a través de las páginas al inicio de las administraciones, el proceso será tardado y esperan que los datos empiecen a subir de 30 días a tres meses.

El Consejero precisó que de manera simultánea en todo el estado, el Instituto realizó la primera capacitación virtual a 274 servidores públicos sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, acción con la que se pretende que los sujetos obligados puedan dar cumplimiento a las nuevas reglas que establece la Ley General en la materia.

“No podemos acabar con la corrupción de tajo”
Sobre el tema, el Fiscal Estatal Anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier aseguró que no son magos y tampoco tienen un antídoto para acabar de inmediato con ella, “pero si tenemos la capacidad, instrumentos y personal para generar un cambio en la sociedad”, dijo.

Aseguró que durante el proceso de arranque, la Fiscalía está empezando “con el pie derecho” en el combate “y así en esa dinámica vamos a seguir, con la participación de todos para lograr el objetivo de combatir la corrupción”, expresó.

Costará 165 millones combatir corrupción
De acuerdo a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas –inmersa en el proceso- durante el 2018 el combate a la corrupción costará 165 millones de pesos.

Por lo que corresponde a otras instancias que conforman el engranaje anticorrupción, también se destinarán 65 millones 726 mil pesos al Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que la Fiscalía Especializada en Delitos por Actos de Corrupción gastará 64 millones 23 mil pesos.