Investiga FGE disputa por el agua en Parras
LESLIE DELGADO
La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene abiertas más de nueve carpetas de investigación relacionadas con la disputa por el agua en el ejido San Lorenzo, en el municipio de Parras de la Fuente, donde se encuentra ubicada Casa Madero.
Al respecto, el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez indicó que ambas partes han interpuesto las denuncias por daños a la propiedad, amenazas y obstrucción de la operación de pozos de agua, al tiempo que confirmó que el conflicto ha escalado en los últimos meses, derivado de la disputa.
“Es un tema que estamos atendiendo en coordinación con la Secretaría de Gobierno. Hay una evidente disputa de intereses por el agua, y nuestra labor es mantener el orden y evitar que los ánimos escalen”, explicó el fiscal.
Detalló que una de las partes involucradas contrató a una empresa de seguridad privada con permiso para portar armas, lo que ha obligado a las autoridades a mantener una vigilancia constante en la zona.
“Hemos estado actuando como intermediarios para evitar cualquier enfrentamiento. Hay una supervisión permanente y trabajamos en conjunto con la Agencia de Investigación Criminal, Seguridad Pública estatal y la policía municipal”, indicó.
Casa Madero, una empresa con más de 400 años de historia, ha denunciado desde hace tiempo la extracción ilegal de agua de los manantiales que abastecen sus viñedos, recurso vital para su producción vitivinícola. Por su parte, algunos ejidatarios de la zona han argumentado que el agua pertenece a las comunidades rurales y que su acceso ha sido limitado.
Este conflicto ha derivado en actos de sabotaje, bloqueos y enfrentamientos verbales entre ambas partes. En reiteradas ocasiones, la empresa ha solicitado el apoyo de las autoridades para proteger su patrimonio y garantizar la operación de sus instalaciones.
Fernández Montañez advirtió que, sin la mediación oportuna de las autoridades, la situación podría salirse de control. “Es un tema delicado. Si no estamos ahí mediando, en cualquier momento la situación podría tornarse más grave”, señaló.
El fiscal aseguró que las autoridades estatales están comprometidas en garantizar la seguridad de todas las partes y en esclarecer las denuncias presentadas. Además, reiteró que cualquier acción fuera del marco legal será sancionada conforme a derecho.
“Nuestro objetivo es evitar confrontaciones, investigar los hechos y, en su momento, fincar responsabilidades si es necesario. El acceso al agua es un tema sensible, pero no se permitirá que se convierta en un motivo de violencia o ilegalidad”, afirmó.
