Leslie Delgado
Tanto la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), como la Red Latinoamericana contra la Desaparición Forzada, condenaron la muerte de 39 personas migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Al respecto, ambas instituciones compartieron comunicados reprobando el incendio que se registró la madrugada del martes en la estancia provisional del INM.
Los obispos del país externaron que “la Iglesia Católica ha acompañado a las personas migrantes, refugiadas, víctimas de trata de personas, deportadas y en situación de desplazamiento forzado interno, por lo que mantiene su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad”.
“Esta situación no es ajena y preocupa a la CEM, pues no se trata de casos aislados y guardan estrecha relación con lo sucedido en 2020 cuando una persona originaria de Guatemala perdiera la vida en la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, así como los hechos en la Estación de Piedras Negras, Coahuila en 2022”, añadieron.
Asimismo mencionaron que el hacinamiento, la sobrepoblación y las condiciones infrahumanas a las que son sometidas las personas en contexto de movilidad, son causa de las numerosas detenciones que realiza el Instituto Nacional de Migración (INM) como resultado de políticas migratorias de contención enfocadas en la seguridad nacional, más no en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
En cuanto a la Red Latinoamericana contra la Desaparición Forzada, calificaron como una tragedia a lo ocurrido y no como un accidente e insistieron que es una clara violación de los derechos humanos de las personas migrantes.
“Fue una consecuencia de una serie de negligencias, criminalización y violación de los derechos humanos de las personas migrantes, que muy probable y lamentablemente se seguirán repitiendo, mientras que no se corrijan las políticas migratorias y los gobiernos no transformen su visión y trato hacia las personas migrantes”, publicaron.
A su vez, responsabilizaron a los países de origen por la tragedia, desde que expulsan a sus ciudadanos al no tener respuesta para cubrir las necesidades básicas de ellos y ellas, al no impulsar políticas públicas. Por tal motivo exigen a las autoridades correspondientes se investigue y se castigue a los culpables.