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Saltillo, Coahuila / 31 de julio 2018
Por: Martha Briones
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública un informe sobre cuántos elementos de la Policía Ministerial y de Fuerza Coahuila están asignados como escoltas de funcionarios o ex funcionarios públicos y lo que paga el Estado por el desempeño de esas funciones, al considerar que, aunque hay un compromiso legal, se ha hecho un abuso de ese derecho.
La diputada María Eugenia Cázares Martínez, vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PAN, dijo que la investigación debe incluir cuántos elementos de la Policía Ministerial y de Fuerza Coahuila están asignados y el costo por salarios devengados, dado el señalamiento público de que resulta muy oneroso y excesivo el gasto del erario para cubrir la nómina.
“Conocido es que algunos ex funcionarios gozan de una protección excesiva de escoltas a su servicio y disposición, lo cual ha mermado considerablemente el presupuesto público por esas actividades, amén de que la asignación de escoltas y vehículos oficiales y los gastos que estos erogan, se efectúan sin parámetros oficiales y se autorizan de forma discrecional”, dijo la legisladora albiazul.
Sostuvo que la discrecionalidad afecta en cierta medida a toda la población coahuilense ya que se distraen indebidamente los servicios de seguridad pública para determinados políticos del sistema, y se descuida a quienes realmente requieren de la vigilancia.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Seguridad Publica del Poder Legislativo, para que sus integrantes realicen las acciones necesarias ante la Fiscalía General del Estado y la Secretaria de Seguridad Publica quienes deben informar a los legisladores los datos que se precisan.
Cázares manifestó que no solamente requieren saber cuántos elementos policíacos tanto de la Policía Ministerial, como de Fuerza Coahuila o de cualquier grupo de reacción o especial, están asignados como escoltas de funcionarios o ex funcionarios públicos, sino que también qué vehículos se destinan para ese motivo, así como cuál es el gasto que se eroga por esas funciones.
“No sabemos si hay ex funcionarios que en estos momentos legalmente ya no tienen el derecho a tener asignados a escoltas no obstante siguen gozando de privilegios que deben rechazar por su mismo estatus”, subrayó.
La legisladora destacó que es tiempo de evaluar a las corporaciones y los servicios que presta a los ciudadanos pues no es sano tampoco que la autoridad disponga de elementos para guardia y custodia de esas personas, mientras se descuida la protección ciudadana.
