POR DAVID GONZÁLEZ
Organizaciones como la Unión Campesina Democrática (UCD) con sede en la ciudad de Monclova y la Organización Nacional del Patrimonio Federal (ONAPPAFA) con sede en Torreón, cobran entre 3 mil a 4 mil pesos por expedir láminas sin valor fiscal, bajo la falsa promesa de dar protección de propietarios de vehículos de procedencia extranjera internados ilegalmente al país.
Bajo ese engaño, las organizaciones cobran además cuotas mensuales a los más de 3 mil agremiados, cada una, que les deja ganancias de entre 50 y 60 millones de pesos al año.
Son organizaciones que están fuera de la ley y que les cobran demás a los dueños de estos automóviles entre 800 y mil 600 pesos por la expedición de un engomado con el logotipo de estas asociaciones que no tiene ningún valor legal.
En Saltillo las oficinas de estas asociaciones están ubicadas en la calle Zaragoza antes de Presidente Cárdenas donde está una filial de la UCD que encabeza Armando García Grimaldo; mientras que en la zona centro opera una casa particular como oficina de la ONAPPAFA, en la que diariamente algunos incautos pasan a dejar las “cuotas” obligatorias de 50 pesos.
En entrevista el líder de la UCD, Armando García Grimaldo, señaló que estiman la existencia de 130 mil autos “chocolate” circulando por Coahuila, cifra que puede ser rebasada tras el censo de actualización que están realizando.
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Y pese a las circunstancias, el líder de la organización consideró como una persecución las acciones que emprende el Servicio de Administración Tributaria y la Administración Fiscal General para decomisar las unidades, al destacar que se trata del único patrimonio de miles de familias.
Expuso que este tipo de autos es lo que puede alcanzar a comprar una persona de la clase obrera o campesina para uso de su trabajo o moverse dentro de la ciudad.
Por lo anterior, pidió que se agilicen los trámites de regularización al subrayar que se cuenta con una propuesta ante el Congreso de la Unión para que se promueva la legalización de estos autos, solicitud que en varios sexenios no ha prosperado.
“Buscamos pagar impuestos, pagar placas dándole certeza legal a los vehículos, pero el problema ha sido frecuente, que no quiere arreglar la situación de las personas que son poseedoras de un automóvil con placas extranjeras”, apuntó.
El líder de la organización consideró que los decomisos no son la solución y aunque en el presente año no se ha retirado ninguna unidad a sus agremiados, estarán atentos a cualquier acción u operativos de las autoridades estatales.