El alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, debe ser investigado por los actos de corrupción en los que incurrió, al permitir que el director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Iván Guerra Lara, se convirtiera en uno de los proveedores de obras de pavimentación, situación penada por la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.
Así lo advirtieron Carlos Orta Canales, exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, y el exdiputado federal por ese partido, Óscar Mohamar Dainitín, tras considerar que son hechos muy graves que, de encontrarse responsabilidad, deben ser sancionados conforme a lo establece la legislación.
“Tenemos que cuidar al PAN en ese sentido; no es posible que estén sucediendo este tipo de situaciones. Si el alcalde lo pensara bien y si no tiene nada que ocultar, creo que debería ser el primero en promover una investigación y abrirla para que nos enteremos que fue lo que pasó.
El que nada debe nada teme”, afirmó Orta Canales. Sobre el tema, Mohamar Dainitín mostró su preocupación sobre lo que pasa en el ayuntamiento y detalló que como militante panista está decepcionado de que “otras gentes advenedizas” utilicen la institución para realizar actos de corrupción.
“Y resulta que los advenedizos –que es esta gente como el alcalde Isidro López, Iván Guerra y sus colaboradores, entre ellos la tesorera Rosa María Zertuche– están haciendo mal uso del dinero público, comportándose con doble moral y sin hacer nada”.
Sostuvo que hay una displicencia de la autoridad municipal que se ha mostrado totalmente opaca, cuando supuestamente promueven la honestidad.
Las declaraciones de ambos panistas ocurren luego de que se documentó que el director del DIF, Iván Guerra, consiguió contratos de asignación directa por más de 12 millones de pesos para desarrollar trabajos de bacheo en Saltillo.
Según los documentos, el funcionario es copropietario de tres constructoras que obtuvieron contratos de bacheo entre 2014 y 2017.
Una de ellas la constituyó en sociedad con su hermano Christian Guerra Lara, quien también fue funcionario público en la administración del alcalde Isidro López Villarreal.
El edil minimizó las acusaciones sobre los 12.4 millones de pesos que se asignaron a las empresas de Iván Guerra Lara, así como las irregularidades cometidas por la tesorera Rosa Zertuche. “Me tienen miedo.
Todo esto, quien lo va decidir es el ciudadano en caso de que yo participe en las elecciones”, afirmó.