Exigen LGBT espacios en el Poder Judicial

JESSICA ROSALES

En un movimiento sin precedentes, colectivos LGBTIQ+ han presentado hasta el momento 18 juicios para la protección de derechos político-electorales en 13 estados del país, incluyendo uno en Coahuila, con el objetivo de garantizar la inclusión de candidaturas para personas de la diversidad sexual en el Poder Judicial.

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero del Instituto Electoral de Coahuila, explicó que esta acción busca corregir una omisión en la convocatoria judicial, que actualmente excluye a la población LGBTI y otros grupos históricamente vulnerados.

Señaló que, aunque la convocatoria permita técnicamente la participación de cualquier persona, en la práctica, solo hombres y mujeres heterosexuales cisgénero suelen ser elegidos, lo que deja a la comunidad LGBTIQ+ y otros grupos vulnerables sin representación.

“Según lo que dijo el Consejo de la Judicatura Federal hay un total de mil 723 cargos, que se distribuyen en 935 juzgados, pero no tiene que ver solamente con el tema numérico tiene que ver con el con la capacidad de que existan personas de la diversidad, que también estén en puestos de cargos de poder, en toma de decisiones porque se nos ha marginado de estos de estos cargos”, consideró.

“El Poder Judicial como en otros poderes estaba inmerso en una situación de heteropatriarcado que se ha combatido mucho en los últimos años”, añade.

Por ello, los colectivos solicitan una acción afirmativa en las leyes secundarias de la reforma judicial que asegure espacios para personas de la diversidad sexual, con el fin de reflejar la equidad y diversidad en las decisiones judiciales.

Al respecto, Noé Ruiz Malacara, presidente del colectivo San Aelredo detalló que esta lucha no es exclusiva de la comunidad LGBTIQ+, sino que también incluye a personas con discapacidad y pueblos originarios, quienes tampoco tienen representatividad en el Poder Judicial. El objetivo es que se reserven espacios específicos en las convocatorias de elección, siguiendo el modelo de acciones afirmativas aplicadas en el ámbito de cargos de elección popular.

Además, destacó que esta solicitud se basa en la jurisprudencia emitida este año, que establece la obligación de las autoridades electorales y partidos políticos de garantizar acciones afirmativas para la comunidad LGBTIQ+.

“No existe una razón para que el Poder Judicial, ahora electo por la vía democrática, excluya estos grupos en su convocatoria, ya que el principio de representatividad también debe aplicarse en el tercer poder,” argumentó el consejero del IEC, Oscar Rodríguez Fuentes.

Estos esfuerzos buscan garantizar candidaturas para personas de la diversidad sexual en puestos judiciales, siguiendo el ejemplo de Josué Nava, activista de Nayarit, quien impulsó la primera demanda en esta dirección.

El jueves pasado, fue el activista del colectivo San Aelredo, Noe Ruiz Malacara quien presentó el recurso ante la autoridad electoral de Coahuila.

Estos juicios pueden ser interpuestos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, en la Ciudad de México, o en las Juntas Locales del Instituto Nacional Electoral (INE) de cada estado, quienes posteriormente remiten los casos a la sala superior para su resolución.

Proponen día estatal en honor a Ociel Baena

Este lunes, activistas y organizaciones civiles presentarán en el Congreso de Coahuila una iniciativa popular para instituir el 13 de noviembre como el Día Estatal contra la Violencia hacia Personas No Binarias, en honor a Jesús Ociel Baena Saucedo, el primer magistrade no binarie del país, originario de Saltillo. La familia de Ociel Baena respalda esta iniciativa que busca no solo honrar su memoria, sino también hacer conciencia sobre la necesidad de combatir la violencia y discriminación que enfrenta esta comunidad, y a la par exigir justicia por el esclarecimiento de su muerte en Aguascalientes.

Ociel Baena dejó un importante legado en la lucha por los derechos de la diversidad sexual en México. Fue pionero en obtener la primera acta de nacimiento en Coahuila con un casillero no binario, así como el primer pasaporte en el país que reconocía su identidad de género, y también una de las primeras personas en lograr la inclusión de esta categoría en la credencial de elector. Su activismo rompió barreras en un sistema conservador, defendiendo la inclusión y dignidad de las personas no binarias.

La propuesta busca que este reconocimiento estatal no solo preserve la memoria del Magistrade, sino que también se convierta en un compromiso para prevenir y sancionar la violencia hacia las personas no binarias, promoviendo así una sociedad más respetuosa e inclusiva.

Para lo anterior, el activista y consejero del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes; y la comunidad San Aelredo AC , informaron que la entrega de la iniciativa ciudadana será a las 10 de la mañana del lunes 28 de octubre

Al cumplirse en esta fecha un año de su partida de este plano y como un homenaje a su labor y representación de las personas No binarias .

Presentan iniciativas para mejorar los derechos de la Comunidad LGBTIQ+

En un esfuerzo por garantizar derechos fundamentales y visibilizar las necesidades de la comunidad LGBTIQ+, durante el tercer Congreso Parlamentario LGTBIQAP+ se presentaron una serie de iniciativas en Coahuila.

Durante el evento, personas de la comunidad asumieron roles de “diputadas y diputados por un día” y plantearon propuestas de reformas en áreas clave como justicia, salud y participación política, buscando un marco legal y social más inclusivo en el estado.

Uno de los ejes principales de la propuesta fue la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Población LGBTIQ+, que se activaría en casos específicos de violencia. Esta iniciativa responde a la necesidad de investigar los crímenes de odio con una perspectiva de diversidad que permita diferenciar por identidad de género y orientación sexual, como sucede con las estadísticas de feminicidio. Noé Ruiz Malacara, presidente del colectivo San Aelredo destacó que una fiscalía de este tipo no requeriría grandes recursos, sino un equipo que se active de manera itinerante para atender casos en diferentes municipios, lo cual permitiría al estado recopilar datos específicos y formular políticas públicas enfocadas.

En el ámbito de salud, el colectivo destacó la importancia de una atención integral, que contemple tanto el bienestar físico como el mental de las personas LGBTIQ+. Se planteó la inclusión de la comunidad en el programa estatal “Inspira Coahuila”, de la Secretaría de Salud, asegurando que este contemple la atención específica de salud mental y física para la población LGBTIQ+, libre de discriminación.

Asimismo, propuso una reforma en la ley electoral de Coahuila para asegurar que las personas LGBTIQ+ tengan representación en los cargos públicos. La propuesta sugiere destinar candidaturas para la comunidad en los 16 distritos electorales y los 38 ayuntamientos del estado, promoviendo una representación equilibrada y reflejando la diversidad de la población en el proceso electoral.

Otro de los temas abordados fue la armonización de la despenalización del aborto en Coahuila con la jurisprudencia nacional, reconociendo no solo a las mujeres gestantes, sino también a las personas de la diversidad sexual que puedan requerir estos servicios.

Noé Ruiz expresó que estas iniciativas reflejan años de lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Coahuila. “La inclusión de una fiscalía especializada no solo protegería a las personas de la comunidad, sino que también ayudaría a enfrentar la impunidad que rodea a los crímenes de odio”, enfatizó Ruiz, resaltando la importancia de contar con estadísticas precisas para un cambio efectivo en las políticas públicas.

Observatorio Nacional de Crímenes de Odio urge tipificar este hecho como delito

A pesar de los avances en derechos y visibilidad que ha logrado la comunidad LGBTIQ+ en México, la violencia contra personas de esta comunidad sigue siendo una dura realidad. En entrevista para el programa Sexto Día, Noé Ruiz Malacara, presidente del colectivo San Aelredo, destacó la urgencia de tipificar los crímenes de odio como un delito en Coahuila y otros estados. Actualmente, estos actos violentos no se reconocen formalmente como crímenes de odio lo que, destaca, deja a las víctimas y sus familias en una situación de vulnerabilidad e impunidad.

Ruiz Malacara, quien es integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, indicó que en todo el país se han documentado 133 casos de crímenes de odio y desapariciones de personas LGBTIQ+ desde 2016, incluyendo 24 en Coahuila.

“Para las autoridades, muchos de estos casos se catalogan como homicidios o incluso crímenes pasionales, sin tomar en cuenta la violencia específica y el prejuicio detrás de los ataques”, señaló. El activista explicó que la falta de tipificación impide que las autoridades investiguen y juzguen estos casos con el enfoque adecuado, lo que perpetúa la discriminación y dificulta el acceso a la justicia.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, liderado por la Fundación Arcoiris, ofrece una plataforma en línea que permite a la ciudadanía consultar casos registrados en cada estado, detallando la identidad de género de las víctimas y si hubo o no justicia para sus familias.

Destacó que en Coahuila los crímenes de odio han disminuido en los últimos años, gracias a una campaña de concientización que busca promover el respeto a la vida y la diversidad sexual. Sin embargo, enfatizó que el avance real en la justicia solo podrá lograrse cuando se reconozcan oficialmente estos delitos.

Ruiz Malacara también comentó sobre el reciente decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aborda el acceso a la verdad y la justicia en casos de abusos históricos contra la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, indicó que la implementación de dicho decreto ha sido deficiente, pues se omitió el enfoque en las personas de la diversidad sexual. “Se habló de la necesidad de esclarecer los abusos hacia diferentes sectores, pero la comunidad LGBTIQ+ fue invisibilizada en este proceso, a pesar de los esfuerzos que realizamos para que fuera tomada en cuenta”, comentó.

Piden “Cupo Laboral Trans” en el sector público

En su reciente visita a Coahuila, Samantha Arellanes Balderas, presidenta de la Coalición Mexicana LGBTIQ+, habló de una iniciativa propuesta en el país sobre cupo laboral trans. La iniciativa plantea que los gobiernos reserven un 3% de la plantilla laboral para personas trans y no binarias, con el fin de abrir espacios laborales y combatir la discriminación estructural que históricamente enfrenta esta población.

Arellanes Balderas explicó que el cupo laboral trans busca profesionalizar a la comunidad y demostrar su capacidad para desempeñar diversos cargos en el sector público. Destaca que actualmente muchas personas trans son limitadas a empleos en áreas estigmatizadas como el trabajo sexual o el entretenimiento. Sin embargo, la propuesta pretende garantizar su inclusión en diferentes ámbitos, brindándoles la oportunidad de desarrollarse profesionalmente con condiciones de igualdad.