En Coahuila el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) dejó en libertad a más de mil 400 reos, cifra que podría incrementarse durante las siguientes semanas, consideró la comisionada Leticia Decannini Salinas.
La funcionaria manifestó que incluso en Coahuila el Congreso del Estado aprobó en abril una reforma al Código Penal para que la autoridad decrete la prisión preventiva de manera oficiosa, sin esperar que haya una resolución del juez, lo que garantiza la comparecencia del imputado o acusado en el juicio.
“Eso permite actualmente que en la entidad se lleve a cabo la investigación con protección a la víctima, de los testigos y también de la comunidad”, dijo.
“Anteriormente el juez solo ordenaba la prisión preventiva por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y otros delitos graves. Ahora se aplicará por robo a negocio, comercio, industria vivienda, vehículo o narcomenudeo, pero también faltan otras”, subrayó.
Dijo que no se busca echar para atrás el nuevo sistema, pero si afinar, con esta reforma, los puntos que pueden ser ámbitos de impunidad, como el caso de la liberación de reos que cometieron delitos del fuero común, pero que la ley les permitió pagar su condena fuera de la cárcel.
“Ahí si se debe revisar esa situación, porque hay una percepción de que pudiera estarse generando impunidad. En Coahuila, por ejemplo, salieron en libertad mil 400 reos, que podrían reincidir y dañar con sus actos a la sociedad”, dijo.
Aseguró que éste es un asunto que tendrá que contemplar las nuevas reformas, para garantizar que a la víctima se le repare el daño.
La propuesta de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, de reformar el nuevo sistema de Justicia Penal, que recientemente aprobó la Cámara de Diputados, permitirá mejorar su aplicación, que para muchos significaba proteger a los delincuentes más que a las víctimas, lo que no significa un retroceso, consideró la comisionada en Coahuila.
“Nosotros estamos a la espera de que se envíe al Congreso el próximo año para homologar nuestra legislación y aplicar los cambios”, dijo la funcionaria al señalar que en la entidad se hizo un gran esfuerzo para lograr aplicar el sistema, al capacitar a más de 5 mil 700 funcionarios para operar y aplicar sanciones.
Explicó que la pretensión se refiere a ampliar el catálogo de delitos graves, como por ejemplo incluir la figura del feminicidio e incluso el robo de hidrocarburos.
“No es una contra reforma porque no vulnera los principios constitucionales del sistema acusatorio pero si incluye otros delitos que si ameritan la prisión preventiva oficiosa para hacer justicia”, precisó.