Disminución o eliminación de impuestos, defensa legal de la economía y lucha por la industria y el desarrollo son parte del paquete de acciones anunciado ayer por el gobernador Rubén Moreira Valdez para apoyar la economía de las familias coahuilenses.
En un mensaje emitido ayer desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal dijo que ante la situación económica nacional e internacional, su gobierno hace estos anuncios para, juntos, salir adelante y mantener el desarrollo logrado.
Manifestó que en materia de impuestos, se eliminarán o reducirán con estímulos fiscales 108 conceptos de cobro en rubros como Impuesto Sobre Nóminas, control vehicular, Registro Público, educación, Registro Civil y agricultura y ganadería, entre otros.
Entre los ejemplos que mencionó expuso que se otorgará un estímulo de 100 por ciento al Impuesto Sobre Nóminas por un año a todos los empleos nuevos, y que a quien inviertaen 17 municipios prioritarios el impuesto no se cobrará en toda su empresa.
Durante los tres primeros meses del año las licencias de manejo tendrán un costo de 350 pesos, la mitad de su costo actual.
El cambio de propietario durante los primeros tres meses del año no tendrá costo incluso para quienes tienen vehículos de otros estados (entidades vecinas cobran hasta 6 mil 500 pesos por este concepto).
Los automóviles con placas verdes, rojas o crema que no se han actualizado, durante los siguientes dos meses podrán regularizar su situación, sin recargos ni multas, pagando sólo la cantidad de 3 mil 500 pesos.
En el Registro Público, los derechos por la inscripción de créditos para la adquisición de vivienda con valor de 50 mil a 1 millón 650 mil pesos, disminuyen para pagar de 300 a 9 mil 900 pesos como máximo.
Se exenta el pago de derechos por contrato de adquisición de vivienda nueva, y el crédito para su adquisición hasta 432 mil pesos.
No se cobrará cantidad alguna por la inscripción de adquisiciones que realicen las instituciones de asistencia social o de beneficencia.
Se hará un descuento de 90 por ciento de los derechos que se causen en el Registro Público por la inscripción y por la cancelación de contratos que contengan créditos obtenidos por productores agropecuarios del estado.
Con información de Jessica Rosales