Elección popular en el Poder Judicial ¿Compromete la imparcialidad?

Jessica Rosales

La reforma judicial en México ha desencadenado un intenso debate en todo el país, marcando un punto crítico en la política y la administración de justicia. Impulsada por el Presidente de la República; esta reforma busca modificar la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial, proponiendo cambios como la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la elección popular de jueces y magistrados, y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal. 

Dicha reforma que ya fue aprobada en comisiones e incluye la implementación de jueces sin rostro ha polarizado a la opinión pública y a los actores políticos, generando una discusión sobre los principios de independencia judicial, transparencia y la eficiencia en la impartición de justicia, además de la inconformidad por la eliminación de fideicomisios y de la pensión vitalicia.

Morena, el partido gobernante, defiende esta propuesta como un paso hacia una mayor democratización de la justicia, argumentando que acercaría el poder judicial al escrutinio y participación del pueblo. Por otro lado, el Poder Judicial y diversos sectores de la oposición advierten sobre los riesgos de comprometer la independencia y la profesionalización de la justicia, temiendo que la politización derive en una justicia menos imparcial y más influenciable por intereses políticos y económicos.

Alberto Leyva, abogado electoral y regidor de Morena, asegura que la reforma traerá una mayor transparencia y conexión con las necesidades del pueblo. Considera que esta medida es una respuesta directa al clamor popular por una justicia más accesible y representativa, afirmando que “la elección de jueces por voto popular es un paso necesario para adaptar el sistema judicial a las demandas de la sociedad”.

María Ureña Peralta, jueza de distrito del Poder Judicial Federal, contrapone que la propuesta amenaza con desvirtuar la esencia misma de la independencia judicial. Destaca que la profesionalización y la meticulosa selección de jueces han sido pilares en la construcción de un sistema judicial que aspire a la imparcialidad absoluta, y que “introducir factores de popularidad en la ecuación judicial sólo servirá para inclinar la balanza hacia los intereses de grupos poderosos y no hacia la justicia verdadera”.

Reforma Judicial amenaza la independencia del Poder Judicial: Juez

Saúl Camacho Sánchez, juez de distrito del Poder Judicial Federal, expresó sus preocupaciones sobre la propuesta, pues destaca que esta reforma plantea varios riesgos para la independencia del Poder Judicial.

Explicó que la reforma incluye la elección popular de jueces y magistrados, lo cual, desde su perspectiva, podría llevar a la politización del sistema judicial. Esto implicaría que los jueces, en lugar de basar sus decisiones en la ley y la justicia, podrían verse influenciados por presiones políticas o incluso por intereses económicos y del crimen organizado.

Además, Saúl Camacho enfatizó que la percepción de corrupción generalizada en el Poder Judicial es injusta, pues muchos jueces trabajan con integridad y vocación, por lo que exigen se revelen esos casos de los que se acusa solo desde un ámbito mediatico para justificar una reforma expres.

Destacó que la independencia judicial es fundamental para la democracia y que esta reforma, al proponer también la reducción del número de ministros de la Suprema Corte y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, podría comprometer esa independencia.

Hizo un llamado a un diálogo más abierto y constructivo entre los distintos poderes para alcanzar consensos que mejoren el sistema judicial sin comprometer su autonomía ni su capacidad para impartir justicia de manera imparcial y eficaz, además de reprochar que han sido excluidos de los foros ciudadanos, incluso se les ha impedido el acceso a ellos.

Carrera judicial frente a la popularidad

La jueza María Ureña Peralta, explica que el proceso actual de selección de jueces y magistrados en México es riguroso y competitivo, diseñado para asegurar que solo los candidatos más capacitados accedan a estos importantes cargos en el sistema judicial.  

A diferencia de la selección en los estados, en el Poder Judicial Federal los aspirantes deben cumplir con requisitos entre los que se encuentran haber trabajado al menos cinco años como secretario (lo que implica experiencia en la elaboración de proyectos de sentencia), tener un mínimo de 30 años de edad, no haber sido sancionados por delitos que impliquen prisión y mantener una buena reputación.

Los candidatos deben aprobar un exigente examen de conocimientos generales en derecho. Este examen consta de 100 preguntas de opción múltiple que deben ser resueltas en un tiempo limitado de cuatro horas. Este examen es altamente competitivo: participan más de 2 mil 000 aspirantes, pero solo los 100 con las mejores calificaciones avanzan a la siguiente etapa.

Aquellos que superan el examen inicial deben demostrar su capacidad para resolver casos mediante la elaboración de un proyecto de sentencia. Se les proporciona un expediente real de aproximadamente mil hojas, del cual deben analizar la información y redactar una sentencia en un plazo de cinco horas. Este ejercicio evalúa la capacidad de análisis, síntesis y aplicación del derecho de los aspirantes. De los 100 seleccionados en la etapa anterior, solo un reducido grupo avanza tras esta evaluación.

Los candidatos que pasan dichas etapas son convocados a una comparecencia ante un jurado. Durante esta fase, cada aspirante debe exponer un tema jurídico en un lapso de 15 minutos y responder preguntas formuladas por el jurado. Se evalúa la capacidad de comunicación, el dominio del tema y la habilidad para defender sus decisiones bajo presión.

Además de las pruebas prácticas y teóricas, se evalúan otros aspectos como la formación académica de los candidatos y su experiencia profesional. También se considera su participación en cursos y actividades de formación continua.

Aunque los cargos tienen que ser ratificados por año en un lapso de seis años, permanecen en ellos en forma indefininida. Sin embargo, la Reforma Federal, lleva a los aspirantes a participar en un proceso de elección abierta a los ciudadanos que los llevaría al cargo por mayoría de votos, es decir, popularidad, y permanecer en el cargo 9 años, obligandolos a volver a participar para mantener su trabajo.

Numerosas boletas y miles de candidatos a elegir por ciudadano 

Rubén Moreira Valdez, Coordinador de los Diputados del PRI, ha expresado profundas preocupaciones acerca de la complejidad del proceso electoral y sus posibles repercusiones en el sistema judicial.

Señala que el nuevo proceso requerirá que los votantes seleccionen nombres de listas predefinidas. Esta estructura no solo puede generar confusión, sino que también podría retrasar significativamente el tiempo de votación.

Moreira Valdez ilustró la complejidad del proceso con ejemplos concretos como la Ciudad de México en 2025 en que se deberán elegir 640 cargos entre 4,125 candidatos, y los votantes recibirán 25 boletas. 

También en Nuevo León en 2027, cuyo estado elegirá gobernador, alcaldes, diputados y funcionarios del Poder Judicial, tanto Federal como Local, con 21 boletas y 4,569 candidatos. 

Señala el caso de la boleta para la selección de ministros de la Corte, que presenta 9 cargos a elegir entre 81 candidatos. La complejidad de este tipo de selección es destacada como un factor que podría afectar negativamente la eficiencia del proceso, ya que la magnitud del proceso electoral en este caso plantea serios desafíos logísticos.

Por otra parte, el ministro en retiro, José Ramón Cossío, también se ha pronuciado señalando que con la aprobación de la reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea colocar al ciudadano ante una cantidad extraordinaria de candidatos y boletas electorales.

En su análisis explica que solo en la Ciudad de México en cada casilla se instalarían 573 urnas para elegir a funcionarios judiciales federales y estatales. El ministro en retiro dijo que cada ciudadano recibiría sus 573 boletas, con 2 mil 88 candidatos.

Es un cambio necesario para México: Morena

“La reforma busca eliminar privilegios excesivos dentro del Poder Judicial y promover una justicia más equitativa y accesible para todos los ciudadanos”, así lo expresa Alberto Leyva, abogado electoral y regidor de Morena en Saltillo.

En defensa de la reforma, explicó que la eliminación de ciertos privilegios, como los altos sueldos y los beneficios excesivos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una medida crucial para redirigir recursos hacia el fortalecimiento de la base operativa del Poder Judicial. 

“Estamos hablando de un punto donde efectivamente la gente está harta y está cansada, pero de qué poder,” mencionó Leyva, sugiriendo que las críticas deben ser dirigidas hacia las esferas más altas del Poder Judicial.

Sobre la propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto popular, Leyva reconoció que es un tema controversial, pero insistió en que se debe considerar como una forma de democratizar la justicia en México. 

“No podemos tener miedo a la reforma,” dijo, aclarando que la selección de jueces no sería al azar ni basada en popularidad, sino en capacidades y méritos demostrados. Según él, los candidatos a jueces seguirían un proceso de selección riguroso que garantiza que solo los más competentes lleguen a ocupar estos cargos en espera de las leyes secundarias de dicha reforma, aunque con la validación adicional del voto popular.

También abordó las preocupaciones sobre la posible influencia del narcotráfico y otros intereses en la elección de jueces por voto popular, señalando que esos riesgos ya existen en el sistema actual y que la transparencia y la rendición de cuentas mejoradas podrían mitigar esos riesgos. 

“El narco está metido, no solo ahorita por candidato. Está metido actualmente en muchos temas,” afirmó. Hizo un llamado a la ciudadanía y a todos los actores políticos a no temer al cambio, sino a verlo como una oportunidad para construir un sistema judicial más justo y eficiente.