Dobla sindicato a Jacobo
Norma Ramírez
Mayo marcó el inicio de uno de los episodios más complicados para el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, que tiene como consecuencias actuales el latente embargo precautorio de las cuentas del ayuntamiento por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje a favor de los trabajadores sindicalizados de la dirección de Obras Públicas.
De acuerdo al abogado Luis Roberto Jiménez, quien ha representado a los trabajadores durante 37 años, el embargo, que asciende a un total de 993 mil 247 pesos con 32 centavos, incluye salarios adeudados y bonos de despensa correspondientes a las últimas semanas de trabajo.
La resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Coahuila establece que el municipio debe hacer frente a las obligaciones laborales que ha incumplido, incluyendo el pago de 776 mil 935 pesos con 18 centavos en salarios y 216 mil 312 pesos con 14 centavos en bonos de despensa. Este fallo resalta el riesgo de insolvencia al que se enfrenta el ayuntamiento, lo que ha motivado la acción legal de los trabajadores.
Con base en la acción legal 478/2025 emitido el 22 de mayo, el cual espera a la suspensión provisional del acuerdo del pasado 19 de mayo ante el Tribunal del Poder Judicial de Coahuila dentro del juicio ordinario laboral 340/2025.
El juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Piedras Negras emitió su resolución y decretó mantener vigente el embargo precautorio solicitado por el Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas del municipio.
En la misma resolución y ante el amparo interpuesto ante esta misma instancia por parte del ayuntamiento, se dio a conocer que la autoridad judicial autorizó al municipio disponer del monto que exceda la cantidad embargada, lo que representa que el ayuntamiento podrá manejar el excedente bancario en tanto continua el juicio por el sindicato.
En este punto, la autorización del juzgado es que si el municipio tiene un saldo mayor al millón de pesos podrá utilizar el excedente, pero quedaría congelado el monto en litigio o sea el monto antes mencionado, si la cuenta solo maneja la cantidad antes establecida no podrán tener acceso a ella.
Afirmó que en cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo indica que cada dos años se tiene que cumplir con la renovación de su mesa directiva mediante elecciones internas.
Una vez que se reformo la ley se tuvo una nueva modificación, la cual señala que ya no compete a la junta local el registro de sindicatos ni tabuladores, ni contratos colectivos, Ahora existe un centro de conciliación y registro laboral en la Ciudad de México quien lleva el control, así como da la legalidad a los mismos.
De ahí que se desmiente, dijo, categóricamente lo declarado por el alcalde Jacobo Rodríguez al decir que el sindicato no cuenta con un registro legal.
“Cada dos años se venían celebrando las firmas de contratos colectivos de trabajo con el patrón, en este caso el municipio, en donde se ponen en la mesa de diálogo las necesidades así como el incremento de salario, dicha mesa esta integrada por el Presidente Municipal, el síndico de mayoría y el secretario del ayuntamiento, quien da fe de los actos del ayuntamiento y los líderes y abogados del sindicato.
Al respecto, señaló que para poder disolver a un sindicato no es el patrón quien puede terminar con él, sino que son los propios trabajadores quienes pueden, con el voto de las dos terceras partes del sindicato, concluir con el mismo, algo que no pasó aquí”.
Faltó asesoramiento legal al ayuntamiento
Para los abogados del municipio, quienes deben de dar a conocer a los alcaldes las consecuencias legales y económicas para el ayuntamiento al pretender quitar al sindicato, les ha faltado dar buen asesoramiento, haciendo que el presidente municipal pierda el juicio y ponga en riesgo las arcas municipales además que por primera vez en su historia un sindicato presente en contra del municipio un embargo precautorio de sus bienes.
Además, que son parte de una serie de irregularidades legales como la baja que no se ha hecho de manera formal, sólo acudió un guardia de seguridad con documentos de baja para que los firmaran los trabajadores, además que no les pagaron el salario de la quincena, pero argumentaron que el finiquito estaba en una instancia en Saltillo, cuando esto debe de realizarse en la localidad, lo que dijo, todas estas irregularidades constituyen delitos y la ley los sanciona.
Al ayuntamiento de Piedras Negras le costará más de 37 millones de pesos disolver el sindicato de Obras Públicas, más lo que conlleva el contrato colectivo.
