El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, José María Fraustro Siller, anunció que será el Poder Legislativo quien designe al fiscal anticorrupción en la entidad.
“Tendremos 30 días para hacerlo”, dijo tras señalar que enviarán una lista de 10 personas al ejecutivo del estado y de ahí saldrá una terna que analizará el Congreso.
Fraustro Siller informó que una vez que se publiquen las leyes relativas al Sistema Estatal en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los legisladores elegirán a nueve personas que formarán el comité de selección, que señalará a cinco personas que integrarán el comité de participación ciudadana.
Explicó que como Congreso, su tarea es hacer una selección de nueve personas, que incluye a cinco académicos de instituciones de educación superior y cuatro de individuos de organizaciones civiles.
El legislador dijo que ellos, a su vez, nombrarán a cinco ciudadanos que conformarán el Comité de Participación Ciudadana, y que se encargarán de manejar el órgano de control del Sistema Estatal Anticorrupción.
El Consejo de Participación Ciudadana del sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que destaquen por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
Mencionó que el Poder Legislativo tendrá la facultad de designar al fiscal anticorrupción de Coahuila, pues tras la publicación de la nueva ley en el periódico oficial, la comisión especial enviará una lista con 10 candidatos al Ejecutivo del estado, quien elegirá una terna y finalmente serán los diputados locales quienes determinarán quién ocupará el cargo.
“Todavía no hay una lista de candidatos, la ley dice que mientras no hay el nombramiento del fiscal, quien ejerza la función de procurador estará unos días al frente, pero tenemos 30 días para tenerlo constituido en Congreso; será una situación abierta y clara”, aseguró.
En tanto, la directora del Consejo Cívico de las Instituciones, Alejandra Wade Villanueva, criticó la abrumadora votación en el Congreso para aprobar la Ley Anticorrupción en términos donde no se tomó en cuenta a la ciudadanía.