Desalojan a maestros del Congreso, toman las calles

Elementos de Fuerza Coahuila arriban por sorpresa durante la madrugada y aseguran Palacio Legislativo

Saltillo, Coahuila / 27 Septiembre 2018

Por : David González

Luego de ser desalojados del Congreso estatal la madrugada del miércoles por elementos de Fuerza Coahuila, integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación decidieron tomar las calles y marcharon desde el recinto legislativo hacia el Palacio de Gobierno.

Los inconformes exigen que se resuelva la iniciativa de Ley del Servicio Médico que los diputados mantienen “congelada” hasta el 10 de octubre, además de resolver el tema de pensiones y abasto de medicamento para los trabajadores de la educación.

Gustavo Lara Sánchez, uno de los líderes del movimiento de maestros inconformes, dijo que la postura de las autoridades los obliga a tomar calles, carreteras y algunos edificios públicos hasta que se resuelvan sus demandas referentes a una atención médica de calidad, por lo que se están organizando para implementar otras medidas de presión.

Por su parte, Roxana Cuevas lider del Sindicato Único de Trabajadores Academicos de la UAAAN advirtió que endurecerán las acciones y señaló que ya no están dispuestos al diálogo, por lo que sólo están en espera de que se presente en tribuna la iniciativa ciudadana y se someta a votación.

Fue a través de un comunicado del Gobierno estatal en donde se dio a conocer el motivo de la intervención de la fuerza pública: “En coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo un operativo en el edificio del Congreso del Estado, con la finalidad de resguardar la integridad física de las y los diputados, personal del Congreso del Estado así como del grupo de maestros y demás personas que se encuentran en ese inmueble, además de mantener el orden en el interior del mismo”, destaca el documento.

Se informó que dicha acción fue a solicitud del presidente de la Junta de Gobierno y del presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Jaime Bueno Zertuche y Juan Antonio García Villa, respectivamente, quienes mediante sendos oficios solicitaron la colaboración de ambas instituciones.

Doce horas después de apostarse en la tribuna del Congreso local, cerca de la 1 de la madrugada del miércoles, elementos policiacos vestidos de civil irrumpieron en la sala de plenos para pedir que desalojaran el lugar a una veintena de maestros que hacían guardia.

Un grupo de aproximadamente 300 maestros tomó la tribuna, lo que ocasionó que se suspendiera la sesión, mientras que los manifestantes anunciaron su intención de pernoctar en el recinto para obligar a los legisladores a someter a discusión dicha ley.

Sin embargo, alrededor de la 1 de la mañana, cuando se encontraba un pequeño grupo de guardia, y a solicitud de la presidencia del Congreso, elementos de Seguridad Pública intervinieron para desalojar a los manifestantes.

Enseguida se conformó una valla humana por parte de elementos y cadetes de Fuerza Coahuila con la que blindaron las inmediaciones al recinto legislativo, donde además se colocaron barreras metálicas para impedir una nueva toma por parte de los maestros.

Ante estas acciones, aproximadamente 200 maestros emprendieron una marcha por las calles de Saltillo hacia la sede del Poder Ejecutivo en busca de ser recibidos por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís o el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller.

Durante la movilización, fue cerrada la calle de Allende hasta el Centro Histórico.

El grupo de profesores acudió hasta la puerta de Palacio para pedir audiencia con las autoridades estatales, sin lograrlo. La sede ejecutiva fue también blindada por guardias de Palacio y policías de Fuerza Coahuila.

El contingente se dirigió entonces a la Alameda Zaragoza, mientras que los dirigentes del movimiento amenazaron con endurecer sus protestas en los próximos días.

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“Se sigue el diálogo con ellos, la realidad es que el estado no tiene la capacidad de poder subsidiar ese 3 %, tiene un significado algo así como 84 millones de pesos que tendría que pagar el Gobierno del estado o en su defecto trasladar los servicios de salud a una institución de seguridad social”.