Desafía el municipio a Derechos Humanos

Si el Congreso del Estado lo pide, el alcalde Isidro López Villarreal no tiene ninguna objeción en presentarse a explicar lo del programa de las fotomultas, dijo la secretaria del ayuntamiento, María Alicia García Narro.

Las declaraciones de la responsable de la política interna de la ciudad se dan luego de que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), Xavier Díez de Urdanivia, advirtió que el mandatario municipal podría enfrentar juicio político por violar la Constitución reiteradamente y hacer caso omiso a las recomendaciones por la aplicación de las fotomultas.

Diez de Urdanivia adelantó que el caso ya se encuentra en el Congreso del Estado, donde tienen todos los documentos, y esperan durante los próximos días sostener una reunión con los legisladores y con el propio López Villarreal para que en el pleno explique por qué no acepta la recomendación.

“Hizo una recomendación la Comisión y nosotros no la aceptamos efectivamente porque consideramos que el alcance de la recomendación no es jurídicamente correcta. Es una facultad del propio alcalde de aceptar o rechazar (una recomendación), eso no implica que violemos la ley.

“Nosotros estamos convencidos más bien que ese proceso de las fotomultas, de la contratación del grupo canviso Tec está apegado a derecho, creo que al momento de realizar todo el razonamiento de la recomendación hubieron (sic) cosas bastante imprecisas que debemos aclarar”, puntualizó.

La funcionaria indicó que “conoce bien la ley y el alcalde efectivamente puede ser llamado a comparecer al congreso para que dé una explicación de por qué no aceptó la recomendación de derechos humanos, pero aún así cree que está en todo su derecho de aceptar o no aceptar y de defender un programa que se ha visto que es totalmente noble, aplicado para salvar vidas”.

Precisó que las autoridades municipales están en la mejor disposición de aclarar las dudas que tenga Díez de Urdanivia, con quien buscarán reunirse en los próximos días para solventar cualquier situación que pueda derivar en un conflicto legal contra el ayuntamiento.

García Narro rechazó que haya un desconocimiento de la ley y una violación a la Constitución y que no tengan la madurez y responsabilidad cívica para acatar las disposiciones a las que los obliga la legislación.

“El alcalde ha dicho que no permitirán que haya impunidad de que una persona maneje a exceso de velocidad, poniendo en riesgo la vida de los demás, por lo que en ese sentido es que no aceptaremos ninguna recomendación de nadie”, subrayó.

En noviembre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 103/2015, en la que, entre otras cosas, solicita iniciar un procedimiento administrativo a los funcionarios que autorizaron a una empresa particular la detección, notificación y ejecución de infracciones por faltas administrativas al Reglamento de Tránsito.

DGM/OPB