Por difamación, el representante de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual (LGTB) en la entidad, Noé Ruiz Malacara interpondrá una denuncia en contra de la también activista, Aida Badillo y exigirá su destitución como consejera en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), luego de que ella asegurara que el integrante del grupo San Aelredo era parte de una red de pederastia en Saltillo y otras zonas.
Aida Badillo dio a conocer hace unos cuantos días que más de 60 menores podrían ser víctimas de una presunta red de corrupción de menores de la diócesis de Saltillo, en la que involucran a dos representantes de la comunidad LGTB, Noé Ruiz Malacara y Carlos Llamas, y algunos conocidos de los mismos.
“Quiero que me diga quiénes son las víctimas y quiénes me acusan directamente, para que yo me pueda defender y dar mis argumentos en contra”, comentó el presidente de la comunidad San Aelredo, quien subrayó que la consejera de la CDEHC está ejerciendo daño moral.
“Da mucho que desear como consejera, porque hemos puesto quejas en la misma institución y no se ha visto hasta el momento un resultado positivo”, agregó.
El activista por la diversidad sexual aclaró que en la asociación civil no hay víctimas de la pederastia y cuando él llegó a la comunidad ya se estaba trabajando desde años atrás con la diócesis de Saltillo, y no ha sido testigo de nada de lo señalado.
Noé Ruiz se dijo sumamente molesto porque San Aelredo ha luchado por los derechos de la población LGTB, ha trabajado con ahínco por sus derechos y por una integración social de la comunidad, como para que una persona eche abajo todo el trabajo realizado por años, y del cual no conoce nada en absoluto.
“Involucrarme a mí como persona y a la asociación que represento es un golpe bajo, porque nosotros nos hemos dedicado a la integración social y a la defensa de los derechos humanos y civiles y esto a través de los medios de comunicación”, concluyó.
En la semana en curso acudirán los miembros de la asociación a la CDHEC, a exigir la destitución de la consejera estatal por adjudicar problemáticas a personas y sin pruebas contundentes.