Demandan a obispo responder a PGJE

POR DAVID GONZÁLEZ

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, está obligado a responder a las indagatorias que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre los sacerdotes pederastas que tiene dentro de la Iglesia católica, consideró la consejera de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila, Aída García Badillo.

“El obispo no puede soslayar esa situación; es lamentable que prefiera victimizarse y decir que es una persecución política, porque cuestiona y sanciona acciones del gobierno a actuar contra quienes calificó de psicópatas”.

Señaló que hay cuando menos otros seis casos de curas que fueron denunciados por abuso sexual, en los que no hay respuesta por parte del obispo de Saltillo.

García Badillo indicó que la Iglesia y el propio Vera López se dedican a manipular a los niños que asisten a los retiros que organizan las parroquias de la diócesis, donde hay padres a los que el líder católico protege a pesar de conocer los abusos en los que podrían incurrir contra los jóvenes.

Hay cuando menos otros seis casos de sacerdotes que fueron denunciados por abuso sexual, pero no es posible sancionarlos porque la diócesis hace oídos sordos, dijo.

“Si no oculta nada, por qué no va a la Procuraduría y responde. A qué le teme si el mismo obispo dice que no hay ninguna denuncia contra la diócesis”.

Abundó en que el problema de las organizaciones para denunciar es que el líder católico puede deslindarSe fácilmente, a través de decir que tiene ocupaciones “más importantes” como el festejo al Santo Cristo de la Capilla.

Indicó que hay testimonios de un joven que anda de “novio” con un padre, quien narra cómo inició la relación con el sacerdote. “Vera prefiere callar. Prefiere ser cómplice, situación que la autoridad en el estado no debería permitir”.

El jueves pasado, la procuraduría citó Vera López para que responda sobre casos de sacerdotes pederastas, pero se negó, pues consideró que no tiene nada que aportar.

García Badillo dijo que hay antecedentes que se remontan al año 2015, cuando se dio a conocer la existencia de 60 casos documentados de adolescentes que sufrieron abuso sexual por parte de sacerdotes, curas que nunca fueron castigados por la ley, porque impidieron la acción de la justicia.