Cuestiona CCI sueldos de consejeros anticorrupción

Martha Briones/Gema Cardiel

Tras darse a conocer por parte de CAPITALMEDIA los onerosos sueldos que se “recetaron” los consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción, que alcanzan los 89 mil 500 pesos mensuales, voces ciudadanas cuestionaron el actuar de quienes combatirán la corrupción en el estado.

Al considerar que la lucha anticorrupción debe empezar al interior de quienes presiden el Sistema Estatal Anticorrupción, Alejandra Wade Villanueva, directora del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), exigió a sus integrantes a desquitar el sueldo y empezar por dar a conocer un plan de trabajo, que la sociedad civil espera desde el año pasado.

Las declaraciones de Wade Villanueva surgen tras darse a conocer los salarios que percibirán los integrantes del Consejo Ciudadano y los titulares de las siete dependencias que integran el Órgano de Gobierno, donde hay percepciones desde 90 mil hasta 268 mil pesos mensuales.

La directora del CCI sostuvo que a pesar de que la entidad fue de las primeras en cumplir con las disposiciones legales que se establecieron en el país, a cuatro meses de su conformación no se conoce cuál es el avance que se ha desarrollado en el tema, ni existe un plan de trabajo bien definido para informar lo que se pretende hacer.

“Hasta donde sabemos existe la propuesta de que el Órgano de Gobierno y todo el Sistema Estatal Anticorrupción sesione cada seis meses; nosotros diríamos que es demasiado tiempo. Más bien no tienen ni la mínima intención de trabajar en el combate porque no dan muestras de querer hacerlo”, expresó.

Wade Villanueva consideró que el sistema estatal anticorrupción prácticamente nació muerto, pues quienes lo integran son personajes que tienen que ver con la política y renunciaron al servicio público para participar
Más bien como protectores de los excesos en el ejercicio de los recursos públicos, donde mucho tuvo que ver el Poder Ejjecutivo.

“Combatirán la corrupción a modo de quien los puso ahí; eso es lo más grave del asunto; que es difícil que den resultados a pesar de los ostentosos sueldos que ganarán por proteger la corrupción.

Wade Villanueva indicó que no obstante y ante la pasividad con la que trabajan dentro de –por ejemplo- la Fiscalía Anticorrupción donde no hay resuelto ni un solo caso en cuatro meses, el Consejo Cívico participará dentro de una Comisión de Vigilancia que sirva para dar seguimiento a las denuncias por corrupción que realice la ciudadanía.

“Lo importante es que los ciudadanos tengamos la garantía de saber en qué se gasta y a que se destinan nuestros impuestos porque no hay información pública que permita garantizar ese derecho, cuando menos no en Coahuila”, dijo.

Manifestó que hay una evidente opacidad dentro de las dependencias gubernamentales donde no hay información que se genere hacia el exterior por parte de los sujetos obligados.

“Pretendemos obtener información lo más ágil posible y en ese contexto lo que pedimos es que tanto la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo Ciudadano, pongan a trabajar y hacer su chamba ahora que ya reciben sueldo.

“Ya tienen presupuesto y también un sueldo muy decoroso; lo menos que pedimos es que den resultados”.

Salarios indecorosos
Tras dar a conocer los sueldos y salarios que se asignaron para quienes laborarán en el Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, Marco Zamarripa, director del Consejos Cívico de las Instituciones mencionó que son “indecorosos” dichas prestaciones.

A decir de Marco Zamarripa, los presupuestos elevados no garantizan resultados dentro de la administración pública, y en el caso del SEA, éste debió ser racional, ya que aparte del pago de los honorarios habría que sumarle el presupuesto de 35 millones de pesos, más lo que se asigna a la Auditoría Superior del Estado.

Tan sólo en el 2017 a la Auditoría Superior se le otorgaron 224 millones de pesos, lo que podría significar que a Coahuila le está costando más de 250 millones de pesos el combate a la corrupción.

Para el CCI es insensible que se haya otorgado estos sueldos cuando aún ni siquiera se ven resultados.

“Claro que lleva mucho tiempo cambiar estos problemas estructurales, siendo el reto más importante cambiar la imagen de las instituciones públicas” consideró.