Por: David González
La fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuso una denuncia contra el alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, y el director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio, Iván Guerra, por tráfico de influencias y conflicto de intereses, misma que fue presentada ante la Contraloría Interna, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía.
Así lo dio a conocer la síndica de vigilancia, Bertha Castellanos Muñoz, quien estará al pendiente que se aclaren estos actos de corrupción que se han ventilado por los propios servidores públicos que integran el actual gobierno municipal.
Subrayó que el partido que representa denunció las irregularidades que se observaron desde el inicio de la administración, al recordar casos como el del extesorero, Adrián Ortiz, quien renunció al cargo, aunque dejó una estela de inconsistencias en el gasto público.
Bertha Castellanos señaló que muchos funcionarios abandonaron su puesto en condiciones extrañas, pues nunca se pudo conocer el motivo de su renuncia.
“Esto ha sucedido a lo largo de los casi cuatro años de gobierno de Isidro López. En esta última ocasión, el tema del que nosotros estamos llamando la atención ante las autoridades, es el que tiene que ver con la adjudicación de contratos a una compañía cuyo monto supera la cantidad para una adjudicación directa como se hizo”.
Dejó claro que según la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado de Coahuila existen límites en el valor de las obras públicas que se pueden adjudicar de forma directa.
La funcionaria detalló que las adjudicaciones directas requieren de una invitación a por lo menos tres empresas y el monto del contrato se ubica entre 233 mil pesos hasta un millón 250 mil. Sin embargo, en caso de que el presupuesto asignado a la obra sea mayor, el organismo público está obligado a realizar una licitación pública.
Con base en esta legislación, tanto Isidro López como Iván Guerra violaron la ley, pues el municipio entregó, a través de una adjudicación directa, contratos para bacheo con un valor superior a 12 millones de pesos a las empresas Rutimex, Kasi Infrared Mexico y Sago Construcción Civil y Estructural, de las cuáles el director del DIF es socio.
Destacó que con esta situación se acumularon una serie de irregularidades, por lo que ahora piden que se investigue además a estas compañías y al funcionario público, pues se manejó información reservada del municipio para beneficiar a su familiar.
“Por eso, la fracción edilicia interpuso una serie de denuncias para que las instancias competentes hagan una investigación más a fondo. Estamos hablando de la Contraloría Interna, la Auditoría Superior del Estado y el Ministerio Público”.
Persecución política
Desde la semana anterior, Isidro López Villarreal consideró que todas las denuncias en su contra se deben a una “cacería de brujas” política, pues el edil ya mostró sus intenciones de reelegirse en 2018.
Por ello, minimizó las acusaciones en su contra sobre los supuestos casos de tráfico de influencias, entre los que está la asignación de contratos por 12.4 millones de pesos a las empresas de Iván Guerra o las irregularidades cometidas por la tesorera Rosa Zertuche Cedillo.