Saltillo, Coahuila / 7 junio 2018
Por: Sonia Pérez
Con la búsqueda en campo sobre los desplazados tras la masacre de Allende y con la aplicación de distintas acciones que se implementan en el Gobierno estatal, Coahuila avanza en la respuesta que se otorgará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre este caso, dijo el titular de la Unidad de Derechos Humanos del Estado, dijo Federico Garza, titular de la Unidad de Derechos Humanos del Estado.
El censo que se realiza en este momento considerará el número de personas que fueron desplazadas a raíz de estos hechos pero que no solo se circunscribe en el municipio de Allende, sino en las áreas aledañas como los son Nava, Morelos y Zaragoza.
“Ahorita mismo se realiza un trabajo de campo que tiene que ver con la identificación de los desplazados, la reparación de las víctimas señaladas y la reparación de las víctimas de la región y el tema de las casas”, indicó.
Garza señaló que tras aceptar la recomendación realizada por la CNDH existe el compromiso para aceptar todas las recomendaciones que dicten los organismos de protección a los derechos humanos, locales, nacionales e internacionales.
“Muchas de las recomendaciones eran acciones que ya se venían llevando a cabo y que eran sobre reparación y que tienen que ver con investigación y en estos momentos se estructura una agenda de la mano con los colectivos”, dijo.
La agenda considera la realización de censos como viene señalada en la recomendación, las casas que fueron destruidas y la reparación del daño para todas las víctimas de la región y el censo de las personas desplazadas por esta situación.
El Gobierno del Estado cuenta con un plazo de seis meses para dar cumplimiento a esta respuesta, de los cuales han transcurrido dos meses luego de arrancar en el marzo y que culminará en agosto.
Recalcó que tanto el Municipio como el Gobierno del Estado se encuentra trabajando sobre los puntos que les toca cumplir por lo que van en este momento en tiempo y forma.
A la fecha, aún no se define el monto que se utilizará para la reparación del daño de las víctimas, pues en ello participarán los colectivos de familiares de desaparecidos, la Comisión de Derechos Humanos y el Gobierno estatal.