Arteaga, una historia de despojos y engaño

Rolando Espinosa/Raúl Rocha

Despojo, engaño y simulación son tres cosas que comúnmente se mencionan en el municipio de Arteaga cuando a tierras ejidales se refiere, y como ejemplo, la reciente inconformidad de más de un centenar de propietarios y comuneros del Ejido Arteaga, que denuncian que el gobierno municipal de Ramiro Durán busca convertir sus terrenos en área protegida.
El Plan Director de Desarrollo Urbano 2024, de este municipio en el sureste coahuilense, pretende, según los quejosos, atropellar sus derechos como propietarios y ejidatarios, pues no fueron consultados y apenas fueron avisados de su existencia unas horas antes.
De hecho, el pasado viernes, cuando los propietarios se concentraron en el Palacio Municipal para protestar la iniciativa del gobierno local, era el último día laboral de la administración, lo que los imposibilita para dar seguimiento a sus quejas, pues temen que las guardias administrativas en esos días no son las adecuadas para atenderlos.
Lo único que el gobierno municipal les pudo ofrecer para “dar seguimiento a sus inconformidades” fue un improvisado buzón de quejas en una caja de cartón fácilmente violable y a merced de cualquier persona que quiera manipular su contenido.
“Están inconformes porque quieren privatizar sus tierras de uso común. La asamblea no ha dado autorización para privatizar, que es lo quiere el alcalde de Arteaga”, asegura Patricia Flores, asesora jurídica de los manifestantes.
“Son 117 ejidatarios los que están inconformes con que el Presidente de Arteaga privatice las tierras del municipio. Ha privatizado el agua y las tierras y ha dejado a los ejidatarios vulnerables, sin poderse defender”, dice la abogada.
Incluso asegura que Ramiro Durán ha fungido como juez y parte en temas de cesión y adjudicación de terrenos, por eso están pidiendo una auditoría a la administración del alcalde arteaguense.
Lo cierto es que detrás de la propuesta del Plan Director hay muchas inconsistencias, como las que los mismos denunciantes exponen: que no fueron notificados del anteproyecto, y que fueron avisados el penúltimo día laboral del Municipio.
“Yo no fui notificada ni acepto el anteproyecto de declarar zona protegida el ejido”, dice tajante la ejidataria Antonia Noriega, quien fue de las pocas que consiguió que el Departamento Jurídico del Municipio le firmara de recibido su inconformidad: “Esas hectáreas tienen dueño, tanto de particulares como ejidatarios”.
Pero también hay otras inconformidades claramente visibles a ojos de terceros, como que el alcalde Ramiro Durán nunca se presentó durante toda la mañana y mediodía del viernes, tiempo en que el centenar de denunciantes estuvo en el Palacio Municipal.
Está también -además del improvisado e informal buzón de quejas- el hecho de que el Municipio dio otra opción para hacer llegar las inconformidades: un correo electrónico que no se halló por ningún lado. Alejandro Flores, trabajador de la Dirección de Desarrollo Urbano en Arteaga, lo confirmó con un simple “ahí sí no sé”.
El empleado municipal, encargado de atender a los ejidatarios y propietarios de los terrenos en disputa, asegura que el buzón estará disponible hasta el 17 de agosto para que los inconformes depositen su queja, sin embargo toda esta semana la Presidencia solo contará con guardias administrativas.
El problema es que el mismo 17 de agosto está programada la sesión de Cabildo en la que se votará la aprobación del anteproyecto, por lo que los quejosos estarán buscando a través diferentes instancias, frenar las intenciones del presidente municipal de prácticamente despojarlos de esas tierras de uso común del ejido Arteaga.