El Congreso del estado aprobó ayer, dos años después de que se presentó la primera iniciativa, la Ley de Movilidad Urbana y de Transporte Público con la que se busca, a partir de su entrada en vigor, “meter en cintura” a los concesionarios y garantizar que se preste un servicio de calidad a la ciudadanía.
Entre las innovaciones, propuestas algunas por los mismos prestadores, se encuentra “heredar” las concesiones a los familiares en línea directa en ausencia del titular, eliminar el límite máximo que se establecía de cinco permisos por persona física para quienes quieran explotar el servicio público de transporte, y regular servicios como Uber.
La nueva legislación también propone ampliar rutas del trasporte público en las ciudades más pobladas, modificar horarios, tarifas y promover el uso de la bicicleta, pero con estrictas medidas de seguridad para proteger a los usuarios.
“Lo que buscamos es garantizar un buen servicio, donde los transportistas cumplan con la ley y eso se traduzca en el bienestar de los usuarios”, explicó José María Fraustro Siller, diputado coordinador del Partido Revolucionario Institucional.
Destacó que con la normatividad se busca aplicar una estrategia de movilidad, que logre garantizar el desplazamientos en la ciudad, lo que obligará a diseñar programas y acciones que reflejen la prestación de un buen servicio.
“La movilidad urbana debe ser tratada como un derecho ciudadano, por eso es necesario que se promueva un proyecto de modernización del transporte y de un sistema integral, que responda a las necesidades de la gente”.
La ley contempla la modificación en la integración del Consejo de Transporte y Movilidad Sustentable del Estado, que estará conformada por cinco representantes de organizaciones sociales, dedicadas a la prestación del servicio, que con anterioridad eran tres.
Los concesionarios tendrán la obligación de afiliar a sus operadores al Seguro Social y otorgarles las prestaciones laborales conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, con salario, vacaciones y aguinaldo, y su incumplimiento se sancionará con revocación de la concesión o permiso.
El ordenamiento enviado por el gobernador Rubén Moreira Valdez contempló propuestas de diputados locales y transportistas.