Raúl Rocha
El Congreso del estado validó de forma unánime el dictamen 3 de 3 contra la violencia de género que se aprobó en el Senado de la República y que prohíbe a las personas sentenciadas por agresión sexual, violencia familiar o a deudores alimenticios, ejercer algún cargo de elección popular. La diputada María Esperanza Chapa dio lectura al dictamen.
Señaló que la senadora Verónica Camino envió una minuta con proyecto de decreto por el que se reformó y adiciona a los artículos 38 y 102 de la Constitución Mexicana en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.
“Artículo 38. Quinto, Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba su adición penal. Sexto. Por sentencia ejecutoria que impone como pena una suspensión y artículo séptimo: Por tener sentencia firme por la condición intencional del delito contra la vida y la integración corporal contra la libertad y seguridad sexual”, dijo.
“El normal desarrollo sicosexual por violencia familiar equiparada o doméstica, violencia a la intimidad sexual por violencia político contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa en los supuestos de esta fracción la persona no podrá ser registrada candidata para cualquier cargo de elección popular ni ser nombrado para empleo, cargo o comisión en el servicio público”, expresó.
De esta forma a reforma de la 3 de 3 se comenzará aplicar a partir de las elecciones del 2024.