Saltillo, Coahuila / 21 de Marzo de 2019
Por: Paloma Gatica
El Poder Legislativo de Coahuila aprobó este miércoles un dictamen para reformar el artículo 269 del Código Penal en la entidad para castigar con hasta siete años de cárcel a quien difunda contenido íntimo sin el consentimiento de la persona en internet; actualmente la ley contempla cinco años de prisión.
La legislación señala que se impondrá de uno a cinco años de prisión y de 500 a 800 días como multa a quien sin mandato de autoridad judicial competente o sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y para conocer alguna intimidad, información o comunicación privadas, se apodere de documentos u objetos de cualquier clase que contengan la intimidad, información o comunicación privadas.
En rueda de prensa, el presidente de la Junta Local de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño, señaló que la pena mínima será de 3 a 4 años de prisión mientras que la máxima de 6 a 7 años pero consideró que no es suficiente para combatir la prevención de este delito.
“En este dictamen vamos a aumentar las penas en este tema (de ciberacoso), que sabemos que lamentablemente ha cobrado vidas como el caso de la jovencita en Monclova. Debemos reconocer que tenemos un grave problema y esto lo tenemos que resolver con los ciudadanos atendiendo cada una de las formas en las que se sancione, pero sobre todo en cómo prevenir estos hechos” dijo el diputado panista.
Además, distintos grupos parlamentarios presentaron puntos de acuerdo para exhortar tanto a la Policía Cibernética, la Fiscalía General del Estado y universidades de la entidad a realizar las acciones necesarias para esclarecer los últimos casos ocurridos en Coahuila y no a no proteger a los servidores públicos involucrados.
La bancada priísta presentó un punto de acuerdo por conducto de la diputada Diana Patricia González Soto, para exhortar a la Fiscalía General del Estado y a las universidades en la entidad a promover acciones sobre la visibilización y prevención sobre la violencia digital a fin de evitar que continúe la problemática en la entidad.
A este exhorto se sumó la legisladora por el PRD, Claudia Isela Ramírez con un punto de acuerdo en el que pide a las universidades públicas y privadas del estado realizar las acciones necesarias para erradicar las conductas que violenten o denigren a las estudiantes dentro de los planteles educativos.
Mientras que Blanca Eppen Canales, junto con la fracción panista, solicitaron al Fiscal General Gerardo Márquez que las investigaciones entorno al caso de “packs” de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC lleguen hasta las últimas consecuencias y no se encubra a servidores públicos de esta institución.