“Vamos a dialogar con ellos y vamos a ofrecerles una oportunidad en el gobierno del estado en la medida de las posibilidades presupuestales que hoy tenemos”, prometió ayer el gobernador Rubén Moreira Valdez al grupo de afectados del llamado “coahuilazo”, que ya fueron exonerados y ahora piden ser reintegrados en su trabajo.
El mandatario estatal fue mas allá al señalar que a estas personas les deben dar por lo menos una disculpa y hacer público en forma masiva que todos están exonerados.
Culpó de esta persecución al gobierno del ex presidente Felipe Calderón y declaró que las víctimas del “coahuilazo” deben exigir la reparación de daño a quienes los persiguieron.
Subrayó que son personas como cualquiera y que al quedar absueltos merecen ser rehabilitados socialmente.
Sobre su posible reinstalación, dijo que “antes de pensar en pruebas de control y confianza, porque no sé si se van a incorporar ahí o en otra parte, se debe hacer público que todos están exonerados”.
Comentó que en 2012, cuando ya era gobernador, toda esa gente tuvo que salir huyendo y perdieron sus familias, sus casas, su estabilidad, por cuatro años de una pelea legal en juicios de amparo que al final les dieron la razón.
Testigo protegido
El gobernador Rubén Moreira Valdez calificó, por otro lado, la figura del testigo protegido como una plaga que va en contra de los derechos humanos y que debe ser retirada de la legislación federal.
Lo anterior luego de que con testigos protegidos fue como se inició la persecución contra las víctimas del “coahuilazo” y del “michoacanazo”, y condenó que se contrate a un delincuente para que inculpe a otras personas y añadió que en Coahuila, esas figuras fueron eliminadas.