Apoyan controversia vs Ley de Seguridad

Por: Martha Briones / Jessica Rosales

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), organismos civiles, foros de abogados y la Diócesis de Saltillo se pronunciaron en contra de la Ley de Seguridad Interior, aprobada el pasado viernes por el Congreso de la Unión, y coinciden en que es alto el riesgo de excesos en su aplicación.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, calificó la medida como la “antesala de una dictadura militar”, al destacar que dicha ley da poderes ilimitados al ejército, lo que abre la puerta a la vulneración de los derechos humanos.

“En el momento en que ellos decidan que las acciones de un grupo de protesta son violentas, entonces entraría el ejército y no tiene que darle a nadie cuentas de su trabajo”.

La agrupación Alfer Abogados consideró que “hay muchos claroscuros en la ley, nos deja más dudas que respuestas, faltó tiempo y convicción para escuchar a organizaciones civiles y académicas”, dijo a través de sus redes sociales.

Por su parte, el presidente de la CDHEC, Xavier Diez de Urdanivia, aseguró que faltó interés por escuchar las distintas posturas: “Las razones expuestas en contra fueron muchas y muy sólidas, se impuso la sinrazón del poder”.

Asimismo, el ombudsman respaldó la acción de inconstitucionalidad que pretende interponer la Comisión Nacional de Derechos Humanos para echar abajo la ley aprobada por los diputados.

Ramón Rogelio Ramos Barajas, presidente del Foro Profesional de Abogados de Saltillo, reconoció que no hay un razonamiento específico sobre la ley.

“Ahí está el primer gran error que se tuvo con esta iniciativa: el no decir qué acciones pretende realizar que con las actuales leyes no se pudieron llevar a cabo y especificar el actuar que tendrán los militares o el Ejército, frente a una ley ambigua que se presta a que haya abusos de poder por parte de las autoridades”.

En tanto, el abogado Gerardo Pérez Pérez dijo que tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior los legisladores federales todavía están a tiempo de dar marcha atrás.

“Si en su aplicación se advierte que puede haber abusos contra la ciudadanía puede buscarse una controversia o si así lo consideran los mismos particulares pueden buscar echarla abajo”.